La Sala Penal Especial de la Corte Suprema comenzó hoy, martes 4 de marzo, el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, quien está acusado de ser autor del delito de rebelión y otros cargos en agravio del Estado Peruano.

El juicio se lleva a cabo luego del intento de golpe de Estado protagonizado por Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando decidió disolver el Congreso de la República y reorganizar diversas instituciones del país, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Junto a él, están acusados otros coautores, como la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, Willy Huerta Olivas y varios exoficiales de la Policía Nacional, como Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez, quien actualmente se encuentra en Suiza.

En cuanto a las sanciones, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo Terrones, además del pago de S/ 65,419,038.53 como reparación civil. Para los otros acusados, la Fiscalía ha solicitado penas de 25 a 15 años de cárcel, así como una reparación civil conjunta de S/ 64,419,038.

El juicio está sustentado por 65 pruebas documentales, la declaración de más de 69 testigos y pericias forenses, grafotécnicas y otros estudios técnicos. También se han admitido la participación de tres peritos para la fiscalía y los acusados, así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios.

El juicio se llevará a cabo en sesiones presenciales tres veces por semana (martes, jueves y viernes), inicialmente en el penal Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte. Además, las audiencias serán transmitidas en vivo a través de JusticiaTV, el canal oficial del Poder Judicial del Perú.

El tribunal está presidido por el juez supremo José Neyra Flores y completado por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez.

El caso contra Pedro Castillo es uno de los más relevantes de la historia reciente del país, ya que se refiere a un intento de quebrantamiento del orden constitucional y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Este juicio marca un hito importante en el proceso judicial que enfrenta el expresidente.