El Pleno del Congreso de la República de Perú aprobó el miércoles 12 de marzo la controversial ‘Ley anti ONG’ con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Esta ley, que fue aprobada en primera votación y exonerada de una segunda consulta, ha generado fuertes críticas debido a su impacto en las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente aquellas que luchan por los derechos humanos en el país.

La norma, que ya había sido objeto de controversia cuando fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores, introduce nuevos límites para las ONG, especialmente en lo que respecta a su capacidad para litigar contra el Estado. La nueva versión de la ley considera como falta grave el litigio contra el Estado, lo que afectaría a organizaciones que asesoran a víctimas de violaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

Uno de los casos emblemáticos que podría verse afectado por esta medida es el de Azul Rojas Marín, una mujer trans que denunció tortura y violencia sexual por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), destacó que la ley también podría perjudicar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, como los casos de la matanza de Comarca o la masacre del Frontón.

Impacto en las víctimas de derechos humanos

Carlos Rivera señaló que, debido a esta norma, las víctimas históricas de violaciones de derechos humanos, como las de pueblos indígenas, periodistas perseguidos y víctimas de abusos por parte del gobierno de Dina Boluarte, se quedarían sin los recursos legales necesarios para defenderse. Además, Rivera comentó que no existe un despacho privado capaz de sostener los costos de litigio en casos tan complejos y politizados.

Nuevos poderes de la APCI

Una de las modificaciones más importantes que introduce la ‘Ley anti ONG’ es el poder otorgado a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que ahora deberá dar su conformidad previa a los planes y programas de las ONG que utilizan cooperación técnica internacional. Esto representa una intervención estatal directa en actividades privadas, lo que, según Rivera, es una grave violación de los derechos constitucionales.

Posibles acciones legales

El IDL ya ha comenzado a evaluar la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional debido a las irregularidades y el impacto negativo que esta ley tendría en los derechos fundamentales. Según Rivera, esta ley es “lo más inconstitucional que se ha promulgado desde las leyes de amnistía de 1995”.

¿Cuáles son los intereses detrás de la ley?

Carlos Rivera también vinculó la aprobación de la ‘Ley anti ONG’ con la reciente promulgación de la ley de prescripción de violaciones de derechos humanos, un proyecto que favorece a los militares implicados en abusos durante el conflicto armado. Según Rivera, esta ley responde a una agenda del Fujimorismo, con el apoyo tácito de la administración de Dina Boluarte.

La ‘Ley anti ONG’ sigue siendo un tema de debate intenso en el país, ya que pone en riesgo el trabajo de defensa de derechos humanos realizado por muchas organizaciones en Perú.