La presidenta Dina Boluarte sorprendió esta mañana con sus declaraciones sobre la lucha contra el crimen organizado en Perú, tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de la orquesta ‘Armonía 10’. En un evento oficial, Boluarte aseguró que está considerando seriamente imponer la pena de muerte para quienes cometan crímenes de este tipo, afirmando que no permitirá que la criminalidad siga manchando de sangre a las familias peruanas.

“A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, expresó la mandataria, quien calificó de “malditos” a los responsables del asesinato y de otros crímenes violentos. Según Boluarte, el país no puede seguir permitiendo que sicarios arrebaten vidas y desestabilicen la seguridad de los ciudadanos.

La propuesta, que ha generado controversia, fue acompañada de un fuerte compromiso de la presidenta para frenar la violencia. "No vamos a permitir un muerto más", afirmó, asegurando que esta medida se contempla como una solución para casos extremos de criminalidad.

El ministro de Educación, Morgan Quero, respaldó la postura de la presidenta y comparó la situación actual con el fenómeno del "terrorismo urbano", haciendo un llamado a la cooperación entre el gobierno, el Congreso y la ciudadanía para enfrentar la creciente violencia.

No es la primera vez que Boluarte propone la pena de muerte

La presidenta Boluarte ya había abordado la cuestión de la pena de muerte en el pasado. En diciembre de 2024, tras el asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo, la mandataria había calificado el hecho como “infame y doloroso” y expresó la necesidad de abrir un debate sobre la pena capital para delitos graves, como los abusos sexuales contra menores de edad.

En ese mismo contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, manifestó su disposición para estudiar la viabilidad de aplicar la pena de muerte en casos de crímenes graves como el sicariato o el abuso sexual contra menores, aunque destacó que esta medida implicaría una revisión de los compromisos internacionales del Perú, como el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe la pena de muerte.