La ola de criminalidad que azota el Perú, con homicidios, robos, y ataques a trabajadores del transporte y pequeños negocios, se ha intensificado en las últimas semanas. El reciente asesinato de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de ‘Armonía 10’, desató una serie de reacciones, incluyendo exigencias para la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A raíz de ello, se convocó una marcha para el viernes 21 de marzo y el Congreso debatirá las mociones de censura en su contra. Sin embargo, ¿la salida de Santiváñez es realmente la solución a la crisis de seguridad?

Los alcaldes distritales de Lima Metropolitana opinan que cambiar al ministro no resolverá el problema. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, comparó la situación con la época del terrorismo y afirmó que la criminalidad está ganando terreno al Estado. A su juicio, la renuncia de Santiváñez no cambiaría la realidad, ya que el ministro está distraído por problemas internos y no tiene todo su enfoque en la seguridad.

Felipe Castillo Oliva (Los Olivos) y Guido Iñigo Peralta (Villa El Salvador) coincidieron en que la salida del ministro no traerá resultados diferentes a los obtenidos en las administraciones anteriores, señalando que desde la gestión de Pedro Castillo hasta la de Dina Boluarte han cambiado 13 ministros y los resultados son los mismos: más criminalidad y menos control.

Propuestas para mitigar la criminalidad

Ante esta situación, los alcaldes proponen diversas medidas para contrarrestar la delincuencia. Carlos Bruce sugiere que se recluten a licenciados de las Fuerzas Armadas, proporcionándoles formación de seis meses para apoyar a la Policía Nacional en patrullajes. Además, propuso que solo una persona pueda ir en motocicleta durante un año como medida experimental, ya que la mayoría de delitos de arrebato y hurto se cometen en estas unidades.

Otra de sus propuestas es que los serenos distritales puedan usar pistolas Taser para enfrentar a los delincuentes. Según Bruce, esta medida habría podido salvar la vida de un sereno que fue asesinado en su jurisdicción.

Por su parte, Guido Iñigo respalda la creación de una Policía Municipal con autoridad para intervenir de forma inmediata, destacando que los alcaldes conocen mejor las problemáticas locales y tienen una visión más directa de las soluciones.

Otras reformas y medidas urgentes

En cuanto a políticas más estrictas, Felipe Castillo propuso la implementación de estados de emergencia más prolongados en zonas de alta criminalidad, con despliegue de militares y policías. También consideró necesario el fortalecimiento de la Policía Nacional con mayores recursos y logística.

En cuanto a reformas estructurales, Castillo sugirió la tipificación del "terrorismo urbano" para imponer penas más severas, como cadena perpetua, a quienes cometan homicidios o extorsiones. Asimismo, se pronunció a favor de una reforma del régimen carcelario, destacando que muchas cárceles actuales funcionan como centros de formación criminal.

El alcalde de Los Olivos también planteó la creación de un Centro de Confinamiento del Terrorismo similar al implementado en El Salvador, con cárceles de máxima seguridad para los criminales más peligrosos, con estrictas restricciones para su convivencia.

Con estas propuestas, los alcaldes exigen una acción inmediata por parte del gobierno para frenar el avance de la delincuencia, sin que se limite a la simple remoción de figuras políticas.