

La junta militar de Myanmar (Birmania) anunció este martes la extensión del cese al fuego hasta el 30 de abril, con el objetivo de permitir el tránsito de ayuda humanitaria y acelerar la rehabilitación del país tras el devastador terremoto del 28 de marzo, que dejó más de 3.700 muertos y miles de infraestructuras destruidas en el centro-norte del país.
La tregua, inicialmente proclamada el pasado 2 de abril, vencía hoy. Sin embargo, el régimen castrense —que controla el poder desde el golpe de Estado de 2021— asegura que su extensión busca “lograr una paz duradera y mantener la estabilidad”.
A pesar del anuncio, la oposición prodemocrática y la Organización de Naciones Unidas han documentado múltiples ataques cometidos por el Ejército birmano desde el inicio del alto el fuego.
El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), considerado por muchos países como la autoridad legítima del país, denunció recientemente un bombardeo militar en Mandalay el 18 de abril, que dejó 12 muertos en una de las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7.7.
Según datos de la ONU, al menos 120 ataques militares se han registrado desde el terremoto, la mayoría en regiones en emergencia humanitaria.
La junta militar, por su parte, responsabiliza a los grupos rebeldes —entre ellos guerrillas étnicas y movimientos prodemocráticos— de iniciar los enfrentamientos. En un artículo publicado por el diario oficial The Global New Light of Myanmar, los generales calificaron a estos grupos de “terroristas armados” y prometieron responder a lo que llaman “amenazas” en territorios controlados por la resistencia.
“Los residentes de las zonas bajo control terrorista deben priorizar su seguridad”, advirtió el régimen en el citado artículo.
En paralelo, China confirmó el despliegue de un equipo de observadores del alto el fuego en la ciudad birmana de Lashio, tras un acuerdo entre la junta y el grupo rebelde MNDAA (Alianza Democrática de Birmania) alcanzado en Kunming.
La mediación china busca evitar una escalada regional y garantizar que la tregua facilite la llegada de asistencia humanitaria.
Desde Bangkok, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, reveló el viernes que había disposición de ambas partes para prolongar el cese al fuego. Esta condición se presentó como clave para que continúe el envío de ayuda internacional, en un contexto donde la presión diplomática crece en la región del sudeste asiático.
El terremoto ha dejado a miles de personas sin hogar y con acceso limitado a servicios básicos, en un país que ya vivía una crisis humanitaria derivada del conflicto armado y la represión militar.
Mientras la comunidad internacional exige garantías para los trabajadores humanitarios y la población civil, la desconfianza hacia las promesas de tregua de la junta militar sigue en aumento.