El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) trasladó a 29 adolescentes considerados de alta peligrosidad desde el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, a un recinto de alta seguridad, como parte de un operativo nacional para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la correcta resocialización juvenil.

La acción, liderada por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), se ejecutó pocos días después de la fuga de seis jóvenes ocurrida en la madrugada del viernes 2 de mayo, en la que los internos escaparon utilizando una soga improvisada hecha con jeans y telas trenzadas para descender por el muro perimétrico.

En el lugar se hallaron rastros de la huida: un polo negro enganchado en el cerco, sangre, y sandalias abandonadas, lo que indicaría que uno de los fugados resultó herido. Según el gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, Carlos Tineo, los evadidos serían mayores de 18 años y de nacionalidad venezolana.

Francisco Naquira Cornejo, director ejecutivo del Pronacej, señaló que esta medida forma parte de una estrategia nacional para evitar incidentes similares. Además, se realizaron inspecciones inopinadas en los nueve centros juveniles del país y un anexo.

Municipalidad de San Miguel exige traslado total de Maranguita

La Municipalidad de San Miguel emitió un comunicado oficial exigiendo la reubicación urgente del centro juvenil Maranguita, argumentando que la seguridad de los vecinos está en riesgo.

“Demandamos de manera inmediata al Ministerio de Justicia que tome acciones para proteger a los vecinos sanmiguelinos”, expresa el documento.

Aunque la comuna reconoció la labor de reinserción social del centro, subrayó que los antecedentes de fugas y motines han incrementado el temor de la población. La exigencia fue respaldada por numerosos vecinos en redes sociales, quienes insisten en que Maranguita debe ser trasladado fuera del distrito.

Maranguita, ubicado en la cuadra 19 de la avenida La Paz, alberga a adolescentes de 14 a 18 años con antecedentes por delitos como robos y agresiones. Sin embargo, enfrenta serios desafíos de seguridad, que ahora obligan a una revisión estructural y estratégica de su continuidad en el corazón de San Miguel.