El Gobierno peruano ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra la minería ilegal en el distrito de Pataz, región La Libertad, mediante un Decreto de Urgencia que destina más de S/ 52 millones a la fiscalización, control territorial y trazabilidad de los minerales. La medida responde a la grave situación de violencia y crimen organizado que aqueja a la zona, actualmente declarada en estado de emergencia.

Entre las principales acciones, se incluye la instalación de puestos de control estratégicos, la revocación automática del REINFO para quienes incurran en irregularidades y la implementación de un sistema piloto de trazabilidad del oro. Este sistema permitirá rastrear el oro desde su extracción hasta su venta, para evitar su comercialización ilegal.

El presupuesto asignado será distribuido entre entidades clave como el MINEM, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la SUNAT y la SUTRAN, con el objetivo de recuperar el control territorial y garantizar la trazabilidad minera. Más de S/ 34 millones se destinarán a bienes y servicios, mientras que S/ 14,6 millones cubrirán gastos de personal.

Asimismo, se han habilitado rutas fiscales obligatorias para controlar el transporte de insumos químicos, explosivos y maquinaria en puntos críticos como Shicun, Calquiche y Pamparacra. El control será reforzado con sanciones severas, que incluyen multas, suspensión de habilitación vehicular y retención de unidades involucradas en actividades ilegales.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca cerrar el cerco a las redes de minería ilegal, recuperar la seguridad y promover una minería formal, transparente y trazable.