La defensa del bosque, el agua y el territorio ancestral en la Amazonía peruana está cobrando un precio demasiado alto: la vida misma. Un reciente informe elaborado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y ProPurús, con el respaldo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), revela que al menos 226 defensores y defensoras indígenas viven bajo amenaza constante en la región de Ucayali y zonas limítrofes de Loreto y Huánuco.

La causa de este riesgo extremo es clara: los pueblos originarios se enfrentan a redes criminales que operan con impunidad, promoviendo la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y monocultivos. Todo esto en un contexto donde el Estado peruano llega tarde, o simplemente no llega.

Criminalidad y abandono estatal en el corazón de la Amazonía

El documento alerta sobre el avance de economías ilegales que se superponen sobre territorios indígenas sin título, alimentadas por leyes permisivas como la Ley 31973, conocida como “ley anti-forestal”, que facilita la entrega de tierras sin respetar los suelos comunales. En paralelo, más de 100 comunidades nativas viven hoy en zonas de conflicto por la superposición de derechos y la ausencia de titulación.

Entre las etnias más afectadas se encuentran los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka, Kakataibo, Yine y Awajún. Por zonas, los distritos con más casos son Callería, Iparía, Masisea y Padre Márquez. En particular, el pueblo Kakataibo concentra una de las tasas más altas de asesinatos, amenazas y presencia narco.

Cifras que estremecen

• 226 personas defensoras indígenas en riesgo

• 62 mujeres amenazadas, muchas madres, maestras y líderes ambientales

• Modalidades de violencia: hostigamiento, desapariciones, asesinatos, criminalización y campañas de desprestigio

El Estado: ausente o ineficaz

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), entre 2019 y 2025 se registraron solo 96 situaciones de riesgo, lo cual representa un subregistro frente a las cifras de campo. Además, las medidas de protección suelen llegar tarde, con escasos recursos y sin pertinencia cultural.

“Estamos viendo solo la punta del iceberg. Hay muchos casos no reportados oficialmente”, advirtió Gabriel Brehaut, director de ProPurús. La falta de presupuesto y articulación intersectorial en el mecanismo de protección del Estado ha sido ampliamente cuestionada.

Casos emblemáticos sin justicia

Entre los casos más graves se destacan:

• Asesinato de cuatro líderes en Alto Tamaya-Saweto (2014)

• Crimen contra Arbildo Meléndez (2020), líder de Unipacuyacu

• Amenazas constantes a Gladis Jessica Díaz Borges (comunidad Tsirotzire)

En todos estos hechos, el acceso a la justicia ha sido lento, con investigaciones sin resultados y ningún responsable condenado.

Brechas estructurales que profundizan el riesgo

El informe también evidencia una precariedad estructural alarmante:

• Más del 70% de niños indígenas menores de 3 años tiene anemia

• Solo 25% de comunidades tiene acceso a agua potable

• Apenas el 3% accede a internet, limitando la posibilidad de denuncia

• 429 comunidades aún esperan la titulación formal de sus tierras

Defender el territorio no debe ser una sentencia de muerte

El informe concluye con un llamado urgente al Estado peruano: acelerar la titulación de tierras, reforzar los mecanismos de protección, brindar justicia efectiva y actuar con enfoque intercultural. Mientras eso no ocurra, los defensores de la Amazonía seguirán enfrentando la violencia solos.