El Poder Judicial del Perú evalúa presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente ley que modifica el proceso de extinción de dominio, y que —según sus críticos— limita gravemente la capacidad del Estado para confiscar bienes adquiridos ilícitamente.

Así lo anunció Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, quien advirtió que habrá “una decisión firme a quincenas de junio”.

¿Qué es la extinción de dominio?

Es una herramienta legal que permite incautar bienes de origen ilícito sin necesidad de una sentencia penal, siempre que no se pueda acreditar su procedencia legal. Ha sido fundamental en la lucha contra el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, corrupción y crimen organizado.

“La propiedad es inviolable cuando se adquiere lícitamente. Pero si no puedes probar el origen legal de tus bienes, los pierdes”, afirmó Tello.

¿Qué cambia la nueva ley?

Promulgada el 9 de mayo por el Ejecutivo, la ley ahora exige una sentencia firme en última instancia para iniciar la extinción de dominio en casos de delitos graves, dificultando el uso ágil de esta herramienta en procesos paralelos a los penales. Esto, advierten expertos, ralentiza o impide la recuperación de bienes millonarios.

Fiscalía ya presentó una demanda

La Fiscalía de la Nación, a través de Delia Espinoza, ya presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma. La titular del Ministerio Público fue tajante:

“Esta ley no ayuda a combatir la corrupción ni la criminalidad organizada. Deja fuera delitos como el lavado de activos, la corrupción y el sicariato”, declaró.

Espinoza también alertó que esta ley excluye justamente los delitos más graves que azotan al país, y debilita la persecución contra mafias que usan testaferros y estructuras legales complejas para ocultar sus activos.

Impacto real: hospitales y escuelas con bienes incautados

Tello recordó que gracias a la extinción de dominio se han recuperado más de USD 772 millones, recursos que el Estado ha invertido en infraestructura de salud y educación.

“El 82.2 % de las sentencias en estos procesos no han sido impugnadas. Se trata de bienes a nombre de testaferros, no de inocentes”, agregó.

En paralelo: otra ley polémica en la mira del TC

La Fiscalía de la Nación también prepara una demanda contra la Ley 32330, que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados penalmente como adultos. Espinoza calificó esta reforma como inadecuada e insuficiente frente al contexto de violencia juvenil en el país.