El pasado 9 de marzo, la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Trabajo Daniel Maurate designaron a Segundo Cecilio Acho Mego como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), en reemplazo del fugazmente nombrado Constantino Vila, quien fue retirado tras conocerse que tenía una orden de captura por fraude procesal.

Sin embargo, según un reciente informe de oficio posterior de la Contraloría, Acho Mego no habría cumplido con los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo.

Constancias sin respaldo

La CGR reveló que dos constancias laborales presentadas por Acho Mego —de la Clínica Megasalud Naranjal y Clínica Cori S.A.C.— no cuentan con sustento documental que acredite su labor como director médico. Aunque ambas clínicas validaron inicialmente los documentos, al solicitarse información al Ministerio de Trabajo (MTPE) y la SUNAT, se verificó que Acho Mego no figuraba en planilla ni había recibido pagos por servicios profesionales en los periodos señalados.

“No se encuentra evidencia que acredite debidamente la prestación del servicio ni los ingresos correspondientes”, señala el informe.

Por tanto, la experiencia laboral específica exigida —5 años como mínimo en cargos directivos en salud— no podría ser validada en un periodo de al menos 1 año y 11 meses, lo que comprometería su elegibilidad al puesto.

Habilitación médica vencida

Además, la habilitación profesional de Acho Mego ante el Colegio Médico del Perú (CMP) también fue observada. Aunque presentó una captura de pantalla como evidencia de estar habilitado, el CMP informó que desde el 1 de abril de 2025 se encuentra en condición de “NO HÁBIL”, situación que se dio posterior a su nombramiento, pero que lo inhabilita para continuar en el cargo.

“La habilitación debe mantenerse vigente durante todo el ejercicio del cargo”, enfatiza la Contraloría, citando el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud.

Recomendación a Trabajo y pronunciamiento de EsSalud

Ante estas observaciones, la CGR recomendó al Ministerio de Trabajo adoptar las medidas correspondientes para evaluar la validez de la designación, y —de ser el caso— determinar responsabilidades administrativas o legales.

Por su parte, EsSalud emitió un comunicado oficial en respuesta al informe de Contraloría, aunque hasta el momento no ha confirmado si se tomará alguna acción inmediata respecto al titular del Seguro Social.