El uso de recursos públicos para pagar banquetes, postres y servicio de delivery en reuniones de alto nivel en Palacio de Gobierno ha generado un nuevo foco de controversia política. La revelación hecha por el programa Cuarto Poder encendió las alarmas en el Congreso, donde ya se exigen investigaciones urgentes sobre los presuntos gastos irregulares en alimentación durante las sesiones del Consejo de Ministros.

Reacción inmediata del Congreso

Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento y miembro de Alianza para el Progreso (APP), pidió la intervención de la Contraloría General de la República y de la Comisión de Fiscalización para solicitar información detallada sobre estos gastos. “Debemos cumplir nuestro rol constitucional de control político”, declaró a la prensa.

El congresista también subrayó que el Ejecutivo está obligado a transparentar sus gastos. Se reportaron sesiones con almuerzos y refrigerios que superaron los S/1,000 por jornada, situación que, de confirmarse, sería un uso injustificado de fondos de la caja chica estatal.

Por su parte, el legislador Alex Paredes fue aún más directo: “El uso de la caja chica debe estar regulado. No se puede sacar la plata y gastar sin sustento. Queremos explicaciones documentadas, no solo declaraciones”.

¿Qué respondió el Ejecutivo?

Ante el escándalo mediático, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado en el que negó cualquier uso indebido de recursos públicos. Afirmó que, desde febrero de 2024, los almuerzos ya no son cubiertos ni por la PCM ni por Palacio de Gobierno.

También aseguró que, cuando se brindaron alimentos en reuniones previas, se hizo “respetando precios estándar del mercado” y que los gastos cuentan con sustento documentario, sujeto a los mecanismos de fiscalización y revisión por parte de la Contraloría.

Ministro de Educación denuncia “acoso político”

En una intervención posterior, el ministro de Educación, Morgan Quero, calificó el reportaje como “tendencioso” y acusó a los medios de incurrir en un acoso permanente contra la administración Boluarte.

“No hay ningún banquete. Es alimentación básica en reuniones que duran hasta 10 horas. Cada ministro maneja su gasto con criterio”, dijo. También aclaró que no existe un sistema centralizado de alimentación, y que cada funcionario cubre sus consumos de manera individual.

¿Qué está en juego?

La controversia no solo pone en el ojo público a la presidenta Dina Boluarte y su Consejo de Ministros, sino que abre un nuevo frente político a poco de reiniciarse las sesiones plenarias en el Congreso. El caso también podría alimentar los pedidos de mayor fiscalización al uso de fondos públicos en actividades oficiales, especialmente en tiempos de crisis social y económica.