

La violencia contra las mujeres en Honduras alcanza niveles alarmantes. En lo que va del año 2025, al menos 102 mujeres han sido asesinadas, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Lo más grave: más del 90 % de los casos quedan en total impunidad.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, esta situación no solo revela una emergencia nacional, sino que además desacredita cualquier pretensión democrática en el país centroamericano, que se encamina a elecciones generales el próximo 30 de noviembre.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el país ostenta la tasa más alta de feminicidios de la región, con 7,2 asesinatos por cada 100.000 mujeres en 2023. Este dato lo ubica en el primer lugar de América Latina, superando incluso a naciones en conflicto armado o crisis institucional.
Además, el observatorio señala que en Honduras una mujer es asesinada cada 34 horas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, tortura o desaparición previa.
“El sector más dinámico de Honduras, que son las mujeres, es también el más criminalizado, el más victimizado y el más asesinado”, denunció el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), en declaraciones a EFE.
Para Moreno, sin políticas estructurales que erradiquen el machismo desde su raíz, no es posible hablar de elecciones limpias ni de una democracia real. “Mientras no se transforme esta dinámica destructiva, la violencia contra las mujeres seguirá siendo un síntoma de un Estado fallido”, advirtió.
Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), calificó como “terrible” la situación de las hondureñas. “La impunidad en estos crímenes es altísima, no por falta de protocolos, sino por la ausencia total de voluntad política”, afirmó.
Rivera aseguró que incluso cuando existen protocolos de investigación bien diseñados y personal capacitado, las investigaciones no avanzan y muchos casos involucran a personas con poder político o económico, lo que frena la justicia.
Uno de los factores más peligrosos es la normalización del feminicidio, explicó el padre Moreno. “Ya no llama la atención el asesinato de una mujer. La sociedad se ha vuelto cómplice silenciosa de estas muertes”, lamentó.
Ambos expertos coinciden en que el cambio debe comenzar desde el hogar y extenderse a todos los espacios sociales, incluyendo escuelas, iglesias, medios de comunicación y el Estado mismo.
De cara a las elecciones de noviembre, las organizaciones exigen que los candidatos presidenciales presenten propuestas firmes y viables para enfrentar esta crisis. No basta con discursos simbólicos, advierten.
“Urge un compromiso de los hombres en todos los niveles, no solo desde el gobierno, sino desde cada familia, escuela, iglesia y empresa. Debe reflejarse en la cultura, en la ley y en la política”, exigió Moreno.