La Fiscalía solicitó este martes nueve meses de prisión preventiva contra Raúl Lozano Bedoya (36), acusado de violación sexual en perjuicio de una menor de edad, alumna del colegio privado Lord Byron, en Arequipa. El investigado se encuentra actualmente no habido, y el Ministerio Público considera que existe riesgo de fuga y peligro procesal.

Habría enamorado y manipulado a la menor desde los 12 años

De acuerdo con las indagaciones preliminares, Lozano habría establecido una relación de manipulación emocional con la víctima desde 2022, cuando ella tenía solo 12 años de edad y cursaba el primer año de secundaria. Las agresiones sexuales habrían comenzado en 2024, según la denuncia hecha pública en abril de este año.

El Ministerio Público sostiene que existió una estrategia de seducción y control psicológico, que facilitó el abuso prolongado, encendiendo alarmas sobre la vulnerabilidad de menores dentro del entorno escolar.

Segundo intento de prisión preventiva por falta de arraigo

Este pedido constituye la segunda medida coercitiva solicitada contra Lozano Bedoya. La Fiscalía argumenta que el imputado no tiene arraigo familiar, laboral ni domiciliario, y que su fuga confirma el riesgo de obstrucción a la justicia.

La audiencia que definirá su situación está programada para el viernes 6 de junio, en un contexto en que la presión social y mediática exige respuestas rápidas y efectivas frente a delitos sexuales contra menores.

Un caso que pone en tela de juicio la seguridad escolar

Este caso ha generado indignación entre padres de familia, activistas y defensores de la niñez, quienes han cuestionado los protocolos de seguridad y prevención en los colegios privados del país.

Además, resalta la necesidad de un acompañamiento psicológico integral a las víctimas y de acciones concretas del Ministerio de Educación para detectar señales de alerta temprana en el entorno escolar.

¿Qué dice la ley?

Según el Código Penal peruano, la agresión sexual contra una menor de 14 años constituye un delito agravado, punible con hasta 25 años de prisión. En estos casos, el consentimiento no es válido, pues la ley protege de forma absoluta la integridad sexual de menores.