

El Poder Judicial del Perú rechazó la reciente demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien intentaba apartar a la jueza suprema Norma Carbajal del tribunal que lo juzga por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El exmandatario, procesado por rebelión y conspiración, alegó que la jueza no garantiza imparcialidad, ya que participó previamente como integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la evaluación de apelaciones vinculadas a su caso.
“La imparcialidad del proceso está contaminada con una jueza que antes intervino en este mismo expediente”, argumentó la defensa de Castillo, quien solicitó que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, designe un nuevo magistrado.
Entre las resoluciones cuestionadas por la defensa están la que confirmó su detención preliminar, la que rechazó un pedido para anular la prisión preventiva y otra que desestimó una excepción de improcedencia de acción.
El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, presidido por la jueza Guillermina Delia Tello Díaz, declaró improcedente la solicitud. El fallo indica que las decisiones previas de la jueza Carbajal se limitaron a aspectos procesales y no a pronunciamientos sobre la culpabilidad penal del expresidente.
“La participación de la jueza en etapas previas no afecta su imparcialidad en el juicio oral”, señala la resolución.
El juzgado también recordó que la recusación ya fue rechazada por la Sala Penal Especial, con el argumento de que haber participado en apelaciones no implica automáticamente una pérdida de imparcialidad.
Además, el juzgado concluyó que no existe vulneración al derecho a la libertad personal, por lo que el hábeas corpus carece de fundamento constitucional.
“El hábeas corpus no es un recurso extraordinario para recalificar hechos ni cambiar jueces por conveniencia procesal”, se enfatiza en la sentencia.
Mientras acumula fracasos judiciales, Pedro Castillo enfrenta hoy otra batalla legal. Desde las 9:00 a.m., la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema evaluará tres apelaciones presentadas por Castillo contra su vacancia presidencial, declarada por el Congreso el mismo 7 de diciembre de 2022.
El exmandatario insiste en que su destitución fue ilegal y busca que se le restituya en la presidencia, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ya sentenció que, aunque no se siguieron todos los procedimientos formales, la vacancia fue válida debido a la gravedad de su intento de ruptura del orden democrático.
El TC determinó que Castillo dejó de ser presidente en el momento en que anunció el cierre del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un régimen de excepción.