El Poder Judicial rechazó el pedido de la presidenta Dina Boluarte que buscaba anular la denuncia constitucional presentada en su contra por la desactivación del equipo especial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos planteada por la defensa de la mandataria, validando las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso de la República.

La defensa de Boluarte argumentó una supuesta vulneración al derecho a la motivación, cuestionando la justificación para mantener el secreto de las declaraciones testimoniales de los agentes encubiertos “Rene” y “Carlos”, así como la ampliación de testimonios de funcionarios clave como Harvey Colchado Huamaní, Walter Lozano Pajuelo, Carlos Morán Soto y Jorge Carrillo García.

Con esta decisión, el proceso constitucional contra Dina Boluarte continúa vigente, mientras las investigaciones sobre la desactivación del equipo anticorrupción avanzan en el Congreso y el sistema judicial.