El Gobierno ultraconservador de Hungría, liderado por Viktor Orbán, prohibió este viernes el uso de la bandera arcoíris y otros símbolos LGTB+ en edificios públicos, en una nueva medida que ha sido duramente criticada tanto dentro como fuera del país.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por el propio Orbán, alega que el objetivo es “proteger el desarrollo físico y mental de los menores” frente a la “propaganda LGTB+”.

Ataque directo a los derechos de la comunidad LGTB+

El nuevo texto legal prohíbe la colocación de símbolos que hagan referencia o promuevan orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, así como movimientos políticos que las representen, en todas las dependencias públicas del Estado.

La medida forma parte de un conjunto de leyes impulsadas por el gobierno de Orbán que buscan limitar la visibilidad y representación pública de las diversidades sexuales.

La oficina de la Presidencia afirmó que se trata de una “medida simbólica”, pero críticos advierten que es un paso más hacia la censura estatal y el restringimiento de derechos fundamentales.

Budapest resiste: el alcalde desafía la prohibición

El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, del partido liberal-verde, rechazó la disposición y aseguró que, como cada año desde su elección, colocará la bandera arcoíris en el Ayuntamiento.

“Ahí tiene su lugar”, dijo Karácsony. “El gobierno intenta nuevamente impedir la Marcha del Orgullo de Budapest y restringir derechos básicos”, escribió en Facebook.

Manifestaciones LGTB+ también están en la mira

En marzo, Orbán impulsó una reforma que prohíbe manifestaciones que representen la homosexualidad, bajo el argumento de que podrían afectar negativamente a menores de edad.

A pesar de esta normativa, más de 60 eurodiputados han confirmado su participación en la próxima Marcha del Orgullo de Budapest, programada para el 28 de junio, en señal de apoyo y resistencia.

La Unión Europea advierte sobre “punto de no retorno”

La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea advirtió que Hungría podría haber cruzado una línea crítica en cuanto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

“Hungría es ahora mismo el caso más preocupante de la UE. Muchos de sus órganos están capturados por el poder político”, declaró Sirpa Rautio, directora de la FRA, desde Viena.

La FRA denunció también que la nueva ley podría usarse para perseguir ONG, medios independientes y organizaciones extranjeras, bajo la excusa de “proteger la soberanía nacional”.