La reciente decisión del Congreso de la República de admitir a trámite una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, ha provocado una contundente respuesta del Ministerio Público y generado preocupación a nivel internacional.

Con 11 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe que declara procedente la denuncia contra Espinoza por presunto encubrimiento personal al exfiscal Pablo Sánchez y cohecho activo específico.

Ante esto, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, calificó la medida como una acción “prepotente” e “ilegal”, que pone en riesgo la independencia del sistema de justicia peruano. “Esto forma parte de una estrategia para destituir a todos los fiscales supremos y reorganizar el Ministerio Público con personas afines al Congreso”, advirtió en RPP.

Cubas rechazó los fundamentos de la acusación, calificándolos de “novelescos y antojadizos”. Según explicó, se acusa a Delia Espinoza de archivar irregularmente una investigación contra Sánchez a cambio de su apoyo para llegar al cargo de fiscal de la Nación. “Es absurdo, no tiene sustento jurídico ni lógico”, afirmó.

Además, el vocero denunció una diligencia irregular vinculada a una llamada de Gustavo Gorriti al fiscal Sánchez, en medio de una investigación a IDL-Reporteros. “Esa indagación debía ser competencia de un fiscal supremo, no de una fiscalía provincial”, sostuvo.

La controversia ha tenido eco internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, expresó su preocupación por esta decisión del Parlamento. “Estas acciones podrían poner en grave riesgo la independencia del Ministerio Público, incluyendo su autonomía institucional y la protección contra interferencias políticas”, publicó en su cuenta oficial en Twitter/X.