El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de suspensión preventiva de derechos para el actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, por los presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad. La acusación se origina en hechos que habrían ocurrido durante su gestión como jefe de la Región Policial de Arequipa en el año 2020.

Según la carpeta fiscal, Zanabria habría ordenado que un grupo de suboficiales realizara trabajos de albañilería y electricidad en horario laboral, desviando funciones policiales hacia actividades particulares. La denuncia fue revelada por el programa ‘Panorama’ el pasado 27 de abril, señalando que 15 suboficiales denunciaron al alto mando. De ellos, seis fueron aceptados como testigos protegidos y ya han brindado su testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa.

El pedido de suspensión fue presentado al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, instancia que deberá decidir si admite o no la solicitud del Ministerio Público.

“La Fiscalía ha llegado tarde”, dice defensa de policías afectados

Para el abogado José Palacios, representante legal de los suboficiales, el requerimiento fiscal llega a destiempo:

“Zanabria debe pasar al retiro en diciembre, al cumplir 40 años de servicio efectivo. Esto debió hacerse antes”, declaró a RPP Noticias.

El letrado también señaló que la medida preventiva podría facilitar las investigaciones fiscales, pese a su aparente tardanza. "Esta decisión será evaluada por el juez, quien determinará si es procedente", indicó.

Detalles del caso: testigos, pagos sospechosos y un acuerdo verbal

Según la investigación difundida por ‘Panorama’, seis testigos protegidos afirmaron que realizaron trabajos ajenos a su labor policial, en cumplimiento de órdenes dadas por Zanabria. En ese entonces, los agentes eran suboficiales recién egresados de la escuela de formación policial.

La exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, Claudia del Castillo, declaró ante la Fiscalía que el actual comandante general pidió personal con experiencia en construcción. Asimismo, Claver Colquehuanca, maestro albañil vinculado a las obras, afirmó que existió un acuerdo verbal y que recibió una transferencia de más de S/17 000, monto superior al pactado.

Frente a estas acusaciones, Víctor Zanabria ha negado rotundamente los cargos y rechazó cualquier acto de abuso de autoridad o uso indebido de recursos humanos y económicos.

¿Qué viene ahora?

La decisión final sobre la suspensión del comandante general está en manos del juez de investigación preparatoria, quien deberá evaluar los elementos presentados por la Fiscalía para determinar si la medida es procedente y proporcional.