La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantener al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, tras conocerse que podría ser trasladado a Lurigancho. La institución advirtió que esta decisión genera incertidumbre y pone en riesgo los principios de igualdad y seguridad.

En un comunicado, la Defensoría expresó su “profunda preocupación” por la anulación de la clasificación inicial que ubicaba a Vizcarra en Barbadillo, en el distrito de Ate. Esta medida podría cambiar su ubicación penitenciaria, motivo por el cual el organismo exhortó al INPE a respetar los criterios legales y los derechos fundamentales del exmandatario.

“Exhortamos al INPE a disponer la permanencia del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, dada su calidad de expresidente de la República y por razones de seguridad”, señala el pronunciamiento oficial.

Criterios de seguridad, no privilegios

La Defensoría recalcó que la permanencia de expresidentes en Barbadillo no obedece a privilegios, sino a “justificadas y objetivas razones de seguridad” establecidas en la normativa penitenciaria. Además, recordó que todos los internos deben ser tratados bajo los principios de igualdad, dignidad y no discriminación.

También recordó que la clasificación de internos se rige por la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP y la Resolución N° 198-2023-INPE/P. En casos no contemplados, la decisión debe recaer en la Junta Técnica del penal o en la Subdirección de Tratamiento regional, con la debida notificación a la Dirección de Tratamiento Penitenciario.

INPE: situación de Vizcarra aún no está definida

El jefe del INPE, Iván Paredes, confirmó que la permanencia de Vizcarra en Barbadillo no está asegurada, ya que se ha conformado una nueva comisión de clasificación para reevaluar su situación penitenciaria. Según explicó, la decisión inicial consideró solo su condición de expresidente, sin aplicar completamente los criterios técnicos establecidos.

Paredes señaló que el puntaje técnico de clasificación ubicaría a Vizcarra en el penal de San Juan de Lurigancho, pero aclaró que cualquier decisión debe estar debidamente fundamentada.

“La condición de expresidente no puede ser determinante para asignar un penal. Se debe respetar la normativa y garantizar igualdad ante la ley”, afirmó el titular del INPE.

Defensoría seguirá vigilante

La Defensoría concluyó su pronunciamiento asegurando que se mantendrá vigilante ante el desarrollo del caso, en cumplimiento de su mandato constitucional de supervisión y defensa de los derechos humanos.

“Continuaremos vigilantes al desarrollo de este caso”, señaló la institución, dejando claro que cualquier cambio debe ser legal, técnico y respetuoso de la dignidad de las personas privadas de libertad.