El debate sobre la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a la agenda política tras la llegada de Juan José Santiváñez al Minjus. Sin embargo, esta cartera enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de fondos durante las audiencias ciudadanas realizadas en el marco de este debate.

23 audiencias sin cuentas claras

Durante la gestión del exministro Eduardo Arana, se crearon espacios de consulta sobre la aplicación de la pena de muerte. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el Minjus organizó 23 reuniones en distintas regiones del país, con la presencia del propio ministro y del entonces viceministro Juan Alcántara.

Las audiencias se realizaron en ciudades como Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, Tacna, Moquegua y varias más.

Pese a ello, al ser consultado por Infobae Perú, el Ministerio de Justicia respondió que “no existe información” sobre cuánto se gastó en su organización. El documento oficial, firmado por el jefe de presupuesto José Miguel Condezo Alvarado, confirma que la cartera no tiene registros sobre los recursos invertidos.

Esto contradice la Resolución Ministerial N° 0319-2024-JUS, que señalaba que los gastos debían cubrirse con el presupuesto institucional del ministerio.

El informe final que nunca llegó

Además del misterio sobre los gastos, tampoco se conoce el informe final de las audiencias.
El Minjus prometió presentarlo en marzo de 2025, luego de la sesión en Cusco, como parte de un documento integrador con las conclusiones del debate nacional.

Cinco meses después, el informe sigue sin publicarse. Lo único que se sabe, según fuentes de Ojo Público, es que “están analizando los resultados” de las reuniones descentralizadas.

El debate de la pena de muerte

El impulso de estas audiencias surgió tras el feminicidio de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo en diciembre de 2024. La presidenta Dina Boluarte planteó entonces aplicar la pena de muerte para violadores de menores, propuesta que exige denunciar primero el Pacto de San José, lo que implicaría el retiro del Perú de la CIDH.

Hoy, ni el gasto de los eventos ni las conclusiones de los debates han sido aclarados, lo que abre dudas sobre la gestión del Ministerio de Justicia y la verdadera intención detrás de estas consultas.