El debate en torno a la polémica Ley de Amnistía sumó este martes un nuevo capítulo. Doce obispos peruanos, liderados por el cardenal Carlos Castillo, emitieron un documento titulado “Aprendan a hacer el bien y busquen la Justicia”, en el que rechazan la norma aprobada por el Congreso el 9 de julio y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 13 de agosto.

El pronunciamiento, difundido el 2 de septiembre, exhorta directamente al Poder Judicial a inaplicar la norma en los casos de violaciones de derechos humanos, pues consideran que esta “fomenta la impunidad” y desconoce los compromisos internacionales del Estado peruano.

“Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia, se consagra la ley del fuerte sobre el débil”, advierte la carta episcopal.

 La Iglesia contra la impunidad

Los obispos remarcaron que la amnistía vulnera el derecho a la verdad y reparación de las víctimas, debilitando los esfuerzos de reconciliación nacional. También recordaron las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que señaló tanto a Sendero Luminoso como a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía como responsables de crímenes durante el conflicto armado.

“La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a los delitos que con ensañamiento se perpetraron contra seres humanos”, enfatizaron.

El texto recogió además mensajes de San Juan Pablo II en Ayacucho (1985) y del Papa Francisco, destacando que el compromiso con los derechos humanos “no termina nunca”.

 Riesgo internacional

El pronunciamiento alerta que la norma contradice sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, y pone en riesgo la posición del Perú en la comunidad internacional.

“El Perú no puede ni debe apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, advierten los obispos.

 Llamado al Poder Judicial

Finalmente, los prelados hicieron un llamado directo al Poder Judicial:

“En nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”.

El pronunciamiento se suma a las voces de organismos nacionales e internacionales que piden revertir o limitar los efectos de la amnistía, en un contexto de creciente polarización política.