La extorsión criminal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad en el Perú. En Lima y otras regiones, las bandas organizadas no solo afectan la economía de comerciantes y emprendedores, sino también la salud mental de miles de familias que viven bajo amenaza constante.

El temor a atentados, la incertidumbre sobre la capacidad de la Policía para responder y la angustia por recibir mensajes intimidantes forman parte de un escenario que parece haberse normalizado.

Las cifras de la violencia

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema. Según el Ministerio Público, en 2020 se registraron 2,305 denuncias de extorsión en todo el país. En 2021, la cifra subió a 4,119; en 2022 alcanzó 11,642; y en 2023 se disparó a 21,746 casos, casi diez veces más que al inicio del periodo.

Sin embargo, las propias autoridades reconocen que las estadísticas son solo “la punta del iceberg”, pues muchas víctimas no denuncian por desconfianza en la justicia, miedo a represalias o la percepción de una protección estatal insuficiente.

Historias que estremecen

La violencia ya no distingue condición social ni nacionalidad. El asesinato de un diplomático indonesio en Lima evidenció que la inseguridad alcanza incluso a extranjeros en territorio peruano.

Otro caso alarmante es el de una comerciante de Gamarra, atacada en su vivienda en Villa El Salvador tras negarse a pagar 30 mil soles a extorsionadores. Los delincuentes detonaron un explosivo en la fachada de su casa, donde dormía junto a sus hijos y su padre de 82 años.

“Fue como volver a la época del terrorismo. Me dicen que van a matar a mis hijos si no pago. Vivo atemorizada”, relató la víctima, obligada a cerrar su negocio.

La respuesta del Estado

Ante la ola criminal, el Gobierno ha declarado estados de emergencia en varios distritos críticos. Si bien algunos alcaldes reportaron una baja temporal en los delitos, al levantarse las medidas los criminales retornan, como ocurrió en el Callao.

La presidenta Dina Boluarte, junto al ministro de Justicia Juan José Santiváñez, anunció la construcción de un nuevo penal en El Frontón, proyecto cuestionado porque coincide con la paralización de planes de ampliación carcelaria ya existentes.

Por su parte, el canciller Javier González-Olaechea advirtió que la violencia también daña la imagen internacional del país, pues ahuyenta tanto a inversionistas como a turistas.