El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves, con 51 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones, la acusación constitucional contra la exministra Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

La decisión parlamentaria será remitida al Fiscal de la Nación, quien continuará con el proceso de acuerdo a sus atribuciones y la Constitución.

La denuncia, presentada por el Ministerio Público en abril de 2023, señala que Chávez habría favorecido a familiares de su expareja, Abel Sotelo Villa, con puestos en el Estado. Según la acusación, su despacho contrató a Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, mientras que Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre de Sotelo, fue designado como jefe de Cofopri en Tacna.

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sostuvo que existen “indicios razonables” de tráfico de influencias, ya que Chávez habría utilizado su cargo para influir en contrataciones públicas.

Además, Chávez también afronta otra acusación por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, lo que podría derivar en una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.