El Gobierno peruano ha declarado un estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días para enfrentar el alza del crimen organizado, la inseguridad ciudadana y otros delitos graves.

Entre las medidas más destacadas figura la prohibición del tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría L3 (motos lineales). Esta restricción fue anunciada como parte del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM que habilita la intervención de las fuerzas combinadas —Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Serenazgo— para el control territorial en zonas críticas.

El decreto también contempla la internación en depósitos autorizados de vehículos con documentación adulterada, placas ilegibles o dañadas, y amplía los operativos de control de identidad y fiscalización de tránsito para motos y otros medios motorizados.

Estas medidas se suman a un conjunto de acciones excepcionales que suspenden temporalmente derechos como la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio en las zonas declaradas en emergencia. Se apunta a incrementar la presencia del Estado en paraderos, estaciones del metro, puntos de venta informales de chips o celulares robados y otras áreas vulnerables al delito.

El Gobierno explicó que esta decisión responde a la necesidad de recuperar “orden, presencia efectiva y capacidad de respuesta” frente a las mafias que operan con motocicletas en zonas urbanas densamente pobladas. Funcionarios señalaron que las motos lineales con dos ocupantes son utilizadas con frecuencia en asaltos, cobros de cupos, sicariato y otras modalidades del crimen organizado.

Especialistas en seguridad ciudadana advierten que, aunque la medida busca frenar actividades delictivas, también podría generar impactos económicos y sociales en los sectores que utilizan la moto como medio de transporte diario. Además, alertan que la implementación requiere logística, coordinación con los gobiernos locales y un plan de acompañamiento para evitar efectos adversos en la movilidad de trabajadores y reparto.