La abogada de Susana Villarán, Merly Edquen, pidió al Poder Judicial que aplique el mismo criterio que el Tribunal Constitucional utilizó para declarar nula la investigación por lavado de activos conocida como el «Caso Cócteles». La petición se fundamenta en que los mismos principios jurídicos se aplican al proceso que enfrenta la exalcaldesa por presuntos aportes ilícitos en su campaña.

Edquen argumentó que el fallo del TC «afectó a casi todos los casos que lleva el Equipo Especial», incluyendo el de Villarán. Por ello, su defensa está evaluando el impacto que dicho pronunciamiento constitucional tiene en el expediente y solicitará que se replique el criterio en su favor.

La letrada indicó que se encuentra en espera de la decisión del fiscal José Domingo Pérez sobre la solicitud de suspensión del juicio oral contra Villarán, con el objetivo de analizar los efectos del precedente del TC.

Contexto del precedente y su alcance

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto actos de la investigación contra la lideresa de otro partido por supuestos aportes ilícitos, mediante sentencia que puso énfasis en vulneraciones al principio de legalidad y al plazo razonable en el ejercicio de la función fiscal. La defensa de Villarán sostiene que, si bien el caso de la exalcaldesa de Lima contiene elementos adicionales, el núcleo del argumento penal —la recepción de aportes con presunta ilegalidad— coincide con el precedent que menciona el TC.

Argumentos de la Fiscalía y de la defensa

Por un lado, la Fiscalía mantiene que la acusación contra Villarán es sólida, ya que habría sido acreditada una ruta de dinero entre empresas constructoras y campañas electorales vinculadas a su gestión municipal. Por otro, la defensa sostiene que la aplicación del nuevo criterio constitucional impone una revisión del delito imputado y del marco legal del proceso.

Implicancias jurídicas y políticas

Si el Poder Judicial acepta aplicar el precedente del Tribunal Constitucional tal como solicita la defensa, el caso de Villarán podría replantearse, con posibilidad de que la acusación por lavado de activos sea anulada o reformulada. Esto no significa inocencia automática, pero sí un cambio significativo del escenario procesal. A nivel político, el pedido genera atención porque impacta uno de los casos emblemáticos de corrupción local en Lima.

Próximos pasos procesales

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado la suspensión del juicio oral para evaluar el impacto del fallo constitucional, lo que indica que la defensa y el Ministerio Público esperan definiciones sobre cuál será el alcance jurisdiccional del precedente. Dependiendo de esa resolución, podría retrasarse el avance del proceso o modificarse la acusación formal.