La expresidenta Dina Boluarte, destituida por el Congreso por incapacidad moral permanente, evalúa retornar a la vida pública a través de su reincorporación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o como candidata en las elecciones generales de 2026, según reveló su abogado, Juan Carlos Portugal.

“Conociendo lo activa que es, estoy seguro de que algo va a hacer y no estará mucho tiempo en casa. Quizás retornará a su derecho político, eventualmente al Reniec, donde trabajó cerca de 25 años”, señaló Portugal, quien recordó que la exmandataria inició su carrera en dicha institución, ascendiendo desde practicante hasta jefa de área.

El abogado no descartó una eventual postulación al Congreso, aunque precisó que no ha conversado con su clienta sobre esa posibilidad. “No sé si podría lanzarse para diputada o senadora. No he llegado a ese nivel de información”, comentó.

Los comicios generales de 2026 definirán al nuevo presidente de la República y a los miembros del nuevo Parlamento bicameral, una estructura que regresa después de tres décadas.

Portugal citó el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho al desarrollo personal y la libertad política, al afirmar que “finalmente, será el pueblo quien decida si respalda o no su regreso”.

Las declaraciones se dieron el mismo día en que el Poder Judicial rechazó un pedido de la Fiscalía para impedir la salida del país a Boluarte, quien afronta investigaciones por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

El abogado aseguró que su clienta no tiene intención de asilarse en ninguna embajada. “La presidenta no tiene la mínima intención de asilarse. Ni antes, ni durante, ni después. Siempre la encontrarán en su casa de Surquillo”, afirmó.

Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, y fue removida hace dos semanas por el Congreso, que le imputó una “incapacidad moral permanente” ante su falta de respuesta frente a la crisis de inseguridad ciudadana.

Actualmente enfrenta dos procesos fiscales: uno por presunto lavado de activos durante la campaña de 2021 y otro por negociación incompatible, al supuestamente intervenir en el pago de beneficios sociales a un allegado de su médico personal.

Además, se le investiga por la muerte de casi 50 personas durante las protestas ocurridas tras su asunción al poder y por abandono del cargo, luego de someterse a una operación estética sin informar al Congreso.

Mientras tanto, Pedro Castillo continúa en prisión acusado de rebelión y otros delitos. Boluarte, desde su vivienda, ha reiterado que no solicitará asilo político y que permanecerá en el país para enfrentar las investigaciones en su contra.