La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, arremetió este jueves contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras conocerse su decisión de no reponerla en el cargo, pese a una resolución judicial que ordenaba su restitución inmediata.

En conferencia de prensa, Espinoza calificó la medida como un atentado contra el Estado de derecho, asegurando que el país “avanza hacia una dictadura”.

“Me temo que con esas acciones estamos yendo hacia una dictadura, en cámara lenta, a un golpe de Estado. Y creo que ya ni en cámara lenta, ya está siendo todo más grotesco, más abierto y sinvergüenza. Yo no lo voy a permitir”, expresó.

La exfiscal también denunció que la JNJ actúa “como juez y parte”, acusando a la institución de mantener un procedimiento administrativo irregular en su contra. Según Espinoza, la exclusión del magistrado Francisco Távara del proceso disciplinario es una muestra de la “ilegalidad absoluta” del pleno de la junta.

Asimismo, advirtió que existe “un plan” para destituirla definitivamente del Ministerio Público.

“La JNJ está actuando al margen de la ley y la Constitución. Ahora dicen no tener competencia para declararme fiscal de la Nación, pero al mismo tiempo quieren destituirme. Todo esto responde a un plan”, sostuvo.

Por su parte, su abogado Luciano López anunció que acudirán nuevamente ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, responsable del fallo de reposición, para que haga cumplir su decisión.

“Aquí hay dos agraviados: los beneficiarios de la orden cautelar y el propio juez constitucional. La JNJ no puede decir ‘hago lo que quiero’. Lo que corresponde es que el juez haga valer su propia resolución”, explicó el jurista.

El caso de Delia Espinoza reabre el debate sobre los límites de la autoridad de la JNJ y la independencia del Ministerio Público, en medio de una creciente tensión institucional que sacude al sistema judicial peruano.