La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó formalmente en marcha una investigación preliminar contra la jefa de la entidad encargada del padrón electoral, Carmen Velarde, por la exposición de información personal sensible de más de 27 millones de ciudadanos.
El hecho se originó luego de que el padrón electoral —publicado de cara a las elecciones generales de 2026— incluyera direcciones domiciliarias y números de Documento Nacional de Identidad (DNI) accesibles sin restricción. Usuarios comprobaron que el sistema permitía visualizar datos de otras personas ingresando un DNI y un código de verificación.
La JNJ notificó a Carmen Velarde sobre el inicio del proceso y le otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos. La pesquisa se desarrollará en paralelo a las acciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) y la Contraloría General de la República, que también anunciaron investigaciones por este caso.
La Ley Orgánica de Elecciones (LOE) permite la publicación del padrón electoral para facilitar la verificación ciudadana. Sin embargo, la normativa —y la opinión consultiva de la ANPD— prohíben la difusión de datos sensibles como domicilios, huellas dactilares o firmas digitalizadas. En consecuencia, la divulgación de esa información podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad personal.
De confirmarse una falta grave, la JNJ podría imponer sanciones que incluyen la destitución de la funcionaria al cargo.
El incidente ha despertado alertas sobre la seguridad de los datos electorales y la capacidad de las instituciones para resguardar información de tantos ciudadanos. Además, genera un precedente importante en el ámbito de la transparencia y la integridad de los procesos preparatorios de una elección nacional.
Con la investigación en curso, el próximo paso será la reasignación del expediente a un nuevo juez o instancia competente en caso de que se confirme la vinculación de la funcionaria con la supuesta vulneración.