La crisis en la infraestructura de cientos de comisarías del Perú ha encendido las alarmas en la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Contraloría General de la República. Según recientes evaluaciones internas, al menos diez sedes policiales se encuentran en estado de emergencia y con riesgo de colapso, lo que afecta directamente la seguridad del personal y la atención al ciudadano.

En Lima se concentran algunos de los casos más graves. En la comisaría de Surquillo, una parte del techo se desplomó y dejó tres heridos. En Piedra Liza (Rímac), las columnas y muros presentan grietas profundas y los techos están al borde del desplome. La precariedad llega al punto de que los agentes atienden denuncias en plena vía pública, sin privacidad ni seguridad, y carecen de agua potable, que deben acarrear en baldes.

A esta lista se suman las comisarías de Pamplona 1, Villa Chorrillos, Lurín, Petit Thouars, San Pedro, San Lorenzo de Quinti (Huarochirí), San Vicente de Cañete y la DEPINCRI del Cercado de Lima, todas con afectaciones estructurales severas.

El panorama no mejora en otras regiones. En la comisaría de Independencia, las puertas están deterioradas, el sistema eléctrico es inestable y los vehículos policiales permanecen abandonados. Además, muchas dependencias carecen de equipos básicos, como computadoras o baterías para radios, limitando la capacidad de respuesta ante emergencias.

Advertencia de la Contraloría

La Contraloría General alertó que entre el 30 % y el 40 % de las comisarías revisadas son inhabitables según reportes municipales. Se trata de edificaciones con décadas de antigüedad, baños clausurados y estructuras deterioradas por completo.

De los 960 millones de soles asignados a la PNP para inversiones en infraestructura, solo el 20 % ha sido ejecutado, lo que ha paralizado obras de rehabilitación y construcción de nuevas sedes. El organismo de control exhortó a acelerar el uso del presupuesto y priorizar proyectos que garanticen condiciones dignas para policías y ciudadanos.

Tanto la PNP como la Contraloría coinciden en que la persistencia de estas deficiencias afecta la moral del personal y pone en riesgo la seguridad ciudadana, al limitar la capacidad de respuesta policial frente a emergencias y delitos cotidianos.