El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ingresó a su fase final y concluirá este mes, luego de más de ocho meses de sesiones. La sentencia se conocería en la primera semana de diciembre, cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decida si lo condena por rebelión o si recalifica el caso a conspiración para la rebelión.

Durante esta semana continuaron los alegatos finales. La Fiscalía sustentó su pedido de prisión efectiva, mientras que la Procuraduría General del Estado expuso su solicitud de reparación civil. Por su parte, las defensas de Aníbal Torres, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y el propio Castillo solicitaron la absolución.

Falta el alegato de Betssy Chávez

El único alegato pendiente es el de la defensa de la expremier Betssy Chávez, previsto para este martes 18. Su abogado, Raúl Noblecilla, renunció, por lo que su defensa pasó al abogado de oficio Julio César Guzmán Cisneros, quien será el último en intervenir para garantizar el derecho de defensa de la exjefa del gabinete.

Ese mismo día comenzarán también las autodefensas de los acusados, es decir, sus últimas palabras antes de la sentencia. Estas podrían extenderse hasta el jueves 20 y viernes 21, e incluso hasta la semana del 24 al 30 de noviembre si surgieran nuevas incidencias, tal como ha ocurrido durante el proceso.

Una vez concluidas todas las intervenciones, el tribunal declarará cerrado el debate y fijará la fecha para la lectura del fallo.

Las penas solicitadas

La Fiscalía Suprema ratificó su pedido de 34 años de cárcel para Pedro Castillo, imputándole los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.

Si la Sala Penal decide condenarlo por conspiración en lugar de rebelión, la pena se reduciría a 19 años y 30 días de prisión, según explicó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde en los alegatos finales.

Esta posible recalificación también modificaría las penas solicitadas para los otros acusados:

• 11 años, 5 meses y 15 días para Aníbal Torres,

• la misma pena para Betssy Chávez (actualmente asilada en México),

• Willy Huerta,

• el comandante PNP Jesús Venero Mellado,

• y el general PNP Manuel Lozada Morales.

En la acusación original, el Ministerio Público había solicitado 15 años para Torres por su edad, y 25 años para Chávez y Huerta por el delito de rebelión.

El fiscal Casaverde sostuvo que las pruebas muestran la “plena convicción” de Castillo y sus coacusados de alterar el orden constitucional. Concluyó citando a Juan Domingo Perón: “La fuerza es el derecho de las bestias… esa historia debe ser erradicada con una decisión prudente, sensata y constitucional”.