El jefe de Estado, José María Balcázar, junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y un grupo de ministros, llegó a Arequipa para atender la emergencia por lluvias intensas que viene afectando a la región en los últimos días.
El mandatario fue recibido por autoridades locales en la base aérea de la ciudad, donde también realizó una breve revista a las tropas. La comitiva del Ejecutivo está conformada por los titulares de Defensa; Transportes y Comunicaciones; Desarrollo Agrario y Riego; y Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La visita ocurre en medio de la creciente preocupación ciudadana por los daños provocados por las precipitaciones pluviales y el desborde de torrenteras, que han puesto en riesgo viviendas, vías y servicios básicos en varias jurisdicciones.
Mediante el Decreto Supremo N.° 023-2026-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días al distrito de Ocucaje (Ica) y a 16 distritos de cinco provincias de Arequipa.
En la provincia de Arequipa fueron incluidos:
Jacobo Hunter
José Luis Bustamante y Rivero
Mariano Melgar
Sachaca
San Juan de Siguas
Sabandía
Yanahuara
Yarabamba
En otras provincias, la medida alcanza a:
Castilla: Orcopampa, Tipán y Muñón
Caravelí: Huanuhuanu y Lomas
Caylloma: Maca y San Antonio de Chuca
Condesuyos: Río Grande
Según la norma, durante el periodo de emergencia deberán ejecutarse acciones inmediatas de respuesta, rehabilitación y reducción del riesgo.
El dispositivo establece que las acciones estarán a cargo de los gobiernos regionales de Arequipa e Ica, así como de los municipios involucrados, con coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Sin embargo, en las zonas afectadas crece la demanda para que las intervenciones no se queden en anuncios. Dirigentes vecinales y pobladores piden que el presupuesto de emergencia se ejecute con rapidez, transparencia y priorizando a las familias damnificadas.
Frente a la magnitud de los daños, especialistas y vecinos coinciden en que las decisiones deben traducirse en ayuda concreta en campo, especialmente en limpieza de torrenteras, rehabilitación de vías, atención a damnificados y prevención de nuevos desbordes.
La población también demanda que los municipios gestionen de manera responsable los recursos destinados a la recuperación, a fin de evitar retrasos y garantizar que la asistencia llegue efectivamente a quienes más la necesitan.