El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, junto a otros cuatro funcionarios de la entidad, enfrenta una denuncia por presuntos delitos electorales que podrían acarrear penas de hasta ocho años de prisión. Así lo informó el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo.

La acusación se sustenta en presuntas irregularidades en la distribución de material electoral durante las Elecciones 2026, situación que habría afectado el normal desarrollo de los comicios en trece locales de votación y perjudicado a más de 55.000 ciudadanos.

Delitos y responsabilidades en investigación

De acuerdo con la denuncia, los funcionarios implicados no habrían supervisado adecuadamente la capacidad operativa de la empresa encargada del traslado del material electoral. Según Angulo, esta omisión impidió garantizar la entrega oportuna de los recursos necesarios para la jornada electoral.

“Hubo una inacción o una omisión por parte de los funcionarios encargados de verificar que el material llegara a tiempo”, señaló el procurador en declaraciones a Canal N.

La denuncia contempla dos tipos de delitos. El primero es la omisión de deberes funcionales, mientras que el segundo está relacionado con la afectación del derecho de sufragio, debido a que el retraso en la entrega del material impidió que se realicen las votaciones en los locales afectados.

El delito contra el derecho de sufragio, tipificado en el artículo 359, establece penas que van de dos a ocho años de prisión. En tanto, la omisión de funciones podría implicar hasta dos años de privación de libertad. Angulo precisó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que será el Poder Judicial quien determine eventuales sanciones.

Respuesta de la empresa involucrada

Tras las acusaciones, la empresa Servicios Generales Galaga SAC, responsable del transporte del material electoral en Lima Metropolitana, rechazó cualquier incumplimiento contractual.

En un comunicado, la compañía afirmó que cumplió con las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia del contrato y que ejecutó el servicio conforme a los cronogramas definidos por la ONPE.

Asimismo, sostuvo que las demoras registradas en la etapa final no responden a fallas de su operación, sino a factores externos. La empresa también expresó su preocupación por el impacto de las declaraciones en su reputación y pidió que se respeten sus derechos mientras se esclarecen los hechos.

Detención de funcionario de la ONPE

En paralelo a la investigación, la Policía Nacional del Perú detuvo el lunes 13 de abril a José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, luego de que presentara su renuncia al cargo.

El caso continúa en etapa preliminar y forma parte de las indagaciones sobre las responsabilidades en las fallas registradas durante el proceso electoral.