El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, fue liberado por disposición de la Ministerio Público y continuará siendo investigado en libertad por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La decisión se adoptó tras permanecer cerca de dos horas en la sede fiscal en Lima, en medio de una jornada de alta atención pública. La investigación se origina en las fallas en la distribución de material electoral durante las recientes elecciones, que impidieron votar a más de 63.000 ciudadanos.

Samamé, quien renunció a su cargo la noche previa a su detención, cumplía un rol clave en la organización del proceso electoral, al estar encargado de la contratación de la empresa responsable del traslado de los insumos.

La intervención inicial estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú, que lo detuvo el 13 de abril por presunto delito en flagrancia. Posteriormente, la Fiscalía dispuso su liberación tras tomarle declaración, aunque confirmó que deberá volver a comparecer mientras continúan las diligencias.

El caso se centra en determinar responsabilidades por los retrasos en la entrega de material electoral, que afectaron tanto a centros de votación en Lima como en el extranjero, generando una crisis en la jornada.

Dentro de las indagaciones también se revisan los contratos suscritos con la empresa Galaga SAC, encargada del transporte de los insumos. La compañía ha señalado que cumplió con sus obligaciones y atribuyó los retrasos a factores externos.

Tras su detención, Samamé reconoció parte de la responsabilidad, aunque apuntó a otros funcionarios de la ONPE, como el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang, a quien señaló como responsable de supervisar la salida del material.

El colapso logístico durante la jornada electoral provocó que varios centros de votación no abrieran a tiempo, obligando a extender el proceso y generando cuestionamientos sobre la capacidad operativa del sistema electoral.

La investigación fiscal sigue en curso y no se descartan nuevas diligencias ni posibles implicados, en un caso que se mantiene bajo escrutinio público en medio del desarrollo del proceso electoral 2026 en Perú.