El Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, en lo que se convierte en la última investidura bajo el esquema tradicional vigente en el país.

Con esta decisión se cierra una etapa en la política nacional, ya que desde el 28 de julio de 2026 entrará en vigor una reforma constitucional que elimina la obligatoriedad de que los nuevos gabinetes ministeriales soliciten el voto de confianza al Parlamento.

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, confirmó que este ha sido el último voto de confianza bajo la modalidad tradicional, durante declaraciones brindadas al programa “Al Final del Día” de Canal N. Según explicó, el país inicia un nuevo modelo de control político entre los poderes del Estado.

Fin de la investidura obligatoria

La reforma constitucional suprime un procedimiento que durante años definió la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hasta ahora, cada gabinete debía presentarse ante el Congreso para exponer su política general y solicitar el respaldo parlamentario mediante el voto de confianza.

Este mecanismo funcionaba como una herramienta de control político, aunque también generó tensiones e inestabilidad, reflejadas en la caída de gabinetes y en el uso estratégico de la cuestión de confianza por parte de distintos gobiernos.

Con la nueva normativa, los ministros podrán ser censurados de forma individual, mientras que el presidente del Consejo de Ministros conservará la facultad de solicitar el voto de confianza en momentos específicos y sobre políticas determinadas. Sin embargo, la presentación obligatoria del gabinete en pleno deja de ser un requisito constitucional.

Cevasco resumió el cambio señalando que el actual gabinete “cerró un ciclo”, en referencia al fin de una práctica histórica en el sistema político peruano.

Contexto de la reforma constitucional

La modificación se produce tras años de crisis políticas y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, incluyendo la disolución parlamentaria de 2019, cuando el gobierno utilizó la cuestión de confianza en medio de disputas por reformas políticas.

Desde entonces, el rol y los límites de este mecanismo se mantuvieron en debate, hasta que el actual Parlamento aprobó la reforma con mayoría calificada, eliminando la investidura obligatoria.

A partir de su entrada en vigencia, los nuevos gabinetes ya no deberán comparecer ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, lo que redefine la dinámica institucional. El control parlamentario se concentrará en herramientas como la interpelación y censura individual de ministros.

Nuevo escenario político

La reforma reconfigura el equilibrio de poderes en el país y abre un periodo de adaptación para el sistema político. Además, se produce en un contexto reciente de cambios institucionales, tras la elección de un Congreso bicameral el pasado 12 de abril.

Especialistas advierten que la eliminación de la investidura podría reducir los conflictos iniciales entre Ejecutivo y Legislativo, aunque también plantea nuevos retos en la supervisión política.

En ese sentido, el exministro José Elice consideró que el voto de investidura se había convertido en una “valla” que los gabinetes debían superar y que, en algunos casos, derivaba en negociaciones sin contenido sustancial.

Pese a la eliminación de su carácter obligatorio, el Ejecutivo mantiene la posibilidad de solicitar el voto de confianza en cualquier momento y sobre temas específicos, lo que podría dar lugar a nuevas dinámicas de negociación entre ambos poderes del Estado.

El último voto de confianza otorgado al gabinete de Luis Arroyo marca así el cierre de un ciclo institucional y el inicio de una nueva etapa en la política peruana.