El presidente interino del Perú, José María Balcázar, expresó su rechazo a la nueva política de expulsión de inmigrantes anunciada por Chile y advirtió que su implementación enfrenta serias limitaciones legales y operativas en la región.

En declaraciones a Radio Exitosa, el mandatario cuestionó el plan impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast, señalando que las deportaciones no pueden ejecutarse de manera unilateral y requieren coordinación con países receptores.

“Por más que los coloque en la frontera (Perú-Chile), no se va a poder”, afirmó Balcázar, al advertir que estas medidas podrían generar tensiones diplomáticas y vulneraciones a los derechos de los migrantes.

Exige coordinación regional

El jefe de Estado subrayó que el derecho internacional obliga a establecer acuerdos con los países de origen o destino para concretar procesos de deportación, y recordó experiencias previas en las que Perú intentó ejecutar retornos de ciudadanos venezolanos sin éxito debido a la falta de aceptación por parte de su país de origen.

En ese sentido, remarcó la necesidad de una estrategia conjunta entre países de la región para gestionar la crisis migratoria, evitando que los Estados de tránsito asuman de forma individual las consecuencias de políticas internas ajenas.

Refuerzo fronterizo en el sur del país

En paralelo, el Gobierno peruano desplegó más de cien agentes adicionales en la frontera sur, especialmente en zonas de Tacna como Palca, La Yarada-Los Palos y Tarata, ante el inicio del plan chileno de expulsión progresiva de migrantes.

El operativo forma parte de un estado de emergencia decretado recientemente, que contempla la restricción de derechos constitucionales y el uso de drones, patrullaje aéreo y vigilancia permanente en la zona limítrofe con Chile y Bolivia.

La Policía Nacional del Perú, junto con las Fuerzas Armadas, ejecuta labores de control en pasos fronterizos no autorizados, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir ingresos irregulares.

Debate sobre deportaciones y derecho internacional

El presidente interino insistió en que la expulsión de migrantes requiere acuerdos formales entre Estados, y advirtió que el traslado forzoso hacia la frontera no resuelve el problema, sino que podría generar crisis humanitarias y conflictos bilaterales.

Asimismo, planteó la necesidad de establecer corredores humanitarios y mecanismos regionales que permitan el retorno voluntario de migrantes, con participación de países como Ecuador, Colombia, Chile y Perú.

Balcázar también sostuvo que la mayoría de ciudadanos venezolanos en Perú no forman parte de redes criminales, sino que han migrado por razones económicas y políticas.

Operativo chileno y respuesta peruana

El anuncio del gobierno chileno ha generado un incremento en la tensión fronteriza. Según reportes citados en medios locales, las primeras expulsiones ya se habrían ejecutado mediante vuelos y traslados terrestres hacia países como Colombia y Ecuador.

Ante este escenario, Perú reforzó su control en la zona limítrofe mediante la creación de un comando operativo unificado que coordina acciones de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Este sistema incluye vigilancia tecnológica, cierre de pasos clandestinos y monitoreo permanente de rutas de ingreso irregular, con el objetivo de ordenar el flujo migratorio y responder a posibles contingencias derivadas de las políticas de expulsión en Chile.