Una red transnacional de reclutamiento opera en América Latina con una mecánica precisa: ofrecer empleos bien remunerados en Rusia —como seguridad privada, logística o cocina— para, una vez en territorio euroasiático, forzar a los contratados a vestir uniformes militares y combatir en el frente ucraniano. La investigación fue difundida por Infobae con base en reportes de inteligencia y testimonios de afectados.

El reclutamiento no ocurre en oficinas formales sino en plataformas digitales. TikTok, Facebook y Telegram son los canales donde se publican los anuncios, que prometen bonos de alistamiento de entre USD 25.000 y USD 50.000, salarios mensuales de hasta USD 2.600 —muy por encima del ingreso promedio regional— y ciudadanía rusa express para el trabajador y su familia.

El engaño se perfecciona con la barrera idiomática: los contratos se entregan únicamente en ruso, lo que impide a los reclutados leer cláusulas que los obligan a servir "hasta el final de la guerra", conforme a decretos vigentes del Kremlin. Al llegar al país, les confiscan el pasaporte y el teléfono, y tras entrenamientos de apenas unos días son asignados a unidades de combate.

Un ciudadano colombiano viralizó en Facebook un video donde relata cómo las promesas de empleo se convirtieron en participación forzada en el conflicto, con abusos y condiciones inhumanas.

— Testimonio difundido en redes sociales, abril 2026

En El Salvador, familias de afectados identificaron a dos presuntos reclutadores locales —Carlos Gallego y Marlyn Montoya— que operarían como nexos del esquema. El testimonio del colombiano actuó como catalizador: al menos una docena de familias salvadoreñas reclamó intervención diplomática urgente.

El alcance del fenómeno es global. La BBC y la ONU documentaron que hasta 20.000 cubanos podrían haber sido captados, con al menos 1.000 identificados en filas rusas. En Colombia, la ONU alertó en marzo de 2026 sobre redes que operan especialmente sobre exmilitares. El patrón se replica en Nepal, India, Egipto, Yemen y varios países africanos.

Organismos internacionales advierten que estas operaciones podrían configurar delitos de trata de personas con fines de reclutamiento militar, una modalidad que explota la vulnerabilidad económica de países en desarrollo para sostener un conflicto sin horizonte de paz visible.