El congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo enfrenta una grave denuncia por el presunto uso indebido de recursos del Estado luego de que imágenes difundidas por la unidad de investigación de Cuarto Poder mostraran a su agente de seguridad de la Policía Nacional del Perú trasladando y protegiendo a Grecia Marina Dávila Albítres, una trabajadora del Congreso con quien compartiría residencia.

El suboficial Gregorio Calampa Coronado, asignado exclusivamente a la protección del legislador, aparece en las imágenes actuando como chofer de Dávila, quien se encontraba en avanzado estado de gestación y realizaba actividades cotidianas ajenas a cualquier función oficial.

Pese a las evidencias, Doroteo negó cualquier vínculo personal con la trabajadora y sostuvo que la relación entre ambos es estrictamente laboral. El legislador evitó responder sobre el paradero y las tareas que cumplía su agente de seguridad en favor de la empleada parlamentaria.

La trayectoria de Dávila dentro del Congreso muestra una estrecha proximidad con el despacho de Doroteo: trabajó como técnica en su oficina, luego pasó a la comisión que él presidió hasta noviembre de 2025, y en diciembre de 2024 fue promovida a coordinadora del despacho. Durante ese período, su salario llegó a duplicarse antes de que fuera reubicada bajo otra presidencia y nuevamente promovida por un colega de bancada del congresista.

El caso se extiende al entorno familiar de Dávila. Su hermana, Claudia Selene Dávila Albítres de Arteaga, también ingresó al Congreso y registró incrementos salariales pese a no contar con títulos académicos verificados en SUNEDU. Adicionalmente, los padres de ambas habrían participado como invitados de Doroteo en un foro nacional sobre desastres naturales.

Desde el punto de vista normativo, el reglamento de la PNP establece que el servicio de seguridad para dignatarios es personal e intransferible, y prohíbe expresamente que los agentes conduzcan vehículos de terceros o protejan a personas distintas del titular asignado. José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, señaló al medio que se trata de un abuso de poder y que la responsabilidad recae directamente sobre el congresista.