El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a Javier Constantino Carranza Veramendi como nuevo director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) mediante la Resolución Ministerial N° 0211-2026-MTC/01, firmada por el ministro Aldo Prieto. El nombramiento representa el cuarto cambio en la jefatura de la entidad en menos de un año.

La rotación se produjo a tan solo dos semanas de que Enrique Michael Guevara Varela asumiera el cargo, quien a su vez había reemplazado el 13 de abril a César Edmundo Gálvez Pardavé, nombrado apenas tres días antes. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que esta falta de estabilidad institucional afecta al sector y genera incertidumbre en la ejecución de proyectos estratégicos de conectividad.

La inestabilidad llega en un momento crítico para Pronatel, que debe conducir la supervisión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica —infraestructura que, según AFIN, registra caídas recurrentes que impactan a los operadores— y afrontar al mismo tiempo un costoso conflicto legal internacional.

El laudo sin apelar

Uno de los problemas más graves que heredará Carranza Veramendi es el arbitraje con Redes Andinas de Comunicaciones (RAC), subsidiaria de la firma estadounidense Quanta Services. La disputa se originó en 2019, cuando Pronatel resolvió unilateralmente contratos para la instalación de fibra óptica en Cajamarca, Tumbes y Piura, pese a que informes internos recomendaban aceptar una ampliación de plazos.

En 2022, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional falló que el Estado peruano debía indemnizar a RAC con más de 168 millones de dólares por la rescisión ilegal de los contratos. En 2025, un tribunal federal de Washington rechazó el intento de Pronatel de desestimar la demanda por inmunidad soberana. Para agravar el cuadro, en marzo de 2026 el plazo para apelar el laudo venció sin que se presentara el escrito ni se designaran abogados defensores, dejando al país en una posición jurídica particularmente vulnerable.

Comunidades sin internet

Las consecuencias de la paralización de los proyectos vinculados a ese contrato son concretas: 422 comunidades rurales, 428 colegios públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías permanecen sin acceso a internet de alta velocidad.
La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en seis funcionarios por la decisión de resolver el contrato, entre ellos el exdirector ejecutivo de Pronatel y actual viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli.

Pronatel es la entidad adscrita al MTC encargada de expandir el acceso a internet y telefonía móvil en zonas rurales y remotas del país, con el objetivo de reducir la brecha digital. Su director ejecutivo lidera la alta dirección y coordina las oficinas funcionales bajo un esquema que debería garantizar transparencia y continuidad institucional.