La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República aprobó el predictamen que modifica el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP), para establecer el uso obligatorio de cámaras corporales (bodycams) durante las intervenciones policiales en la vía pública y otros espacios que requieran registro probatorio.

El dictamen será elevado al Pleno del Congreso para su eventual ratificación. De ser aprobado, la autógrafa será enviada a la Presidencia de la República, que tendrá un plazo de 15 días hábiles para promulgarla u observarla.

Según el documento, la iniciativa responde a una crisis de legitimidad institucional. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que la confianza ciudadana en la PNP cayó a 14.2% en junio de 2025, mientras que el 83.3% de la población manifiesta desconfianza hacia la institución.

Entre los factores que explican esta percepción se encuentran casos de corrupción interna, participación de malos efectivos en organizaciones criminales, uso desproporcionado de la fuerza en protestas sociales y denuncias por detenciones arbitrarias.

El objetivo central de la norma es transparentar la actuación policial y garantizar evidencia objetiva durante las intervenciones. El registro en tiempo real permitirá verificar el cumplimiento de los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, así como proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Además, la Comisión señala que las cámaras corporales también servirán como mecanismo de protección para los efectivos policiales frente a denuncias infundadas.

Implementación progresiva

La implementación del sistema será progresiva y priorizará las zonas con alta incidencia delictiva, así como aquellas unidades con mayor número de denuncias por corrupción o abuso de autoridad. La norma establece que los agentes deberán activar la cámara desde el inicio de la intervención hasta su finalización, sin excepción.

Asimismo, se prohíbe el uso de cámaras en espacios privados como viviendas, centros de salud o vestuarios, salvo que exista una orden judicial. Las grabaciones obtenidas de manera ilegal no podrán ser utilizadas como prueba en procesos judiciales.

Almacenamiento y acceso

El material audiovisual será almacenado en un sistema seguro e inmutable por un periodo mínimo de un año. El acceso estará restringido a personal autorizado de la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los ciudadanos involucrados en intervenciones podrán solicitar las grabaciones conforme a los procedimientos legales vigentes.

La norma advierte que cualquier manipulación, alteración o eliminación de los registros, así como la omisión de su uso, será considerada una falta muy grave, sujeta a sanciones penales y disciplinarias.