El presidente encargado del Perú, José María Balcázar, se pronunció este 30 de abril sobre el caso de ciudadanos peruanos que habrían sido llevados con engaños a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. En declaraciones a Exitosa Noticias, el mandatario calificó la situación como "muy lamentable" y exigió al canciller Carlos Pareja Ríos la presentación de un informe urgente en el plazo de un día.
Según Balcázar, el objetivo es dar a conocer públicamente lo que ocurre con los connacionales en territorio ruso y adoptar medidas concretas, ya sea para mejorar sus condiciones en el extranjero o para facilitar su retorno al país.
Rusia defiende la participación voluntaria
En respuesta a las denuncias, la Embajada de Rusia en Lima emitió un comunicado en el que reconoce la preocupación de los familiares, pero contradice la versión de las víctimas. La misión diplomática sostiene que los peruanos firmaron contratos para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas de manera voluntaria y conforme a los procedimientos establecidos.
La embajada señaló que está dispuesta a brindar información sobre los casos, pero únicamente a través de su sección consular y con datos precisos: nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte, detalles del contrato y vínculo con el solicitante. Para ello habilitó el correo [email protected] y la línea (01) 264-04-04.
Esta posición coincide con la del exmilitar peruano en retiro Poncho Wilson Pinto Peña, señalado en el caso, quien negó las acusaciones y afirmó que todos los reclutados pasaron filtros médicos y firmaron contratos antes de viajar, atraídos por sueldos de entre 2.500 y 3.500 dólares.
Familias amenazadas y silenciadas
La versión oficial contrasta con los testimonios de los familiares afectados. El abogado Percy Salinas, que representa a las víctimas, indicó que existen cerca de 180 familias involucradas, de las cuales al menos 120 están identificadas. La mayoría de los reclutados serían exmiembros de la Policía o del Ejército, captados a través de una empresa colombiana con promesas de trabajo en seguridad, cocina o electricidad, sin mención alguna al frente de combate.
Salinas denunció que los reclutadores están amenazando de muerte a los familiares para impedir que hagan públicas sus denuncias o exijan información. Según el letrado, varias madres que iban a presentarse ante la Policía Nacional recibieron mensajes intimidatorios durante la madrugada.
Uno de los testimonios más impactantes corresponde a una familiar que recibió un audio de su hermano en el que advertía haber sido engañado. En ese mensaje, el ciudadano peruano señalaba encontrarse junto a otros 16 compatriotas en una base militar, a la espera de ser enviados a la primera línea de combate. "Estamos como carne de cañón", denunció.
Una posible red de trata de personas
Las denuncias apuntan a la existencia de una red organizada que operaría mediante distintos actores para captar y trasladar peruanos hacia zonas de conflicto. El caso está siendo investigado por las autoridades, en un contexto de creciente presión pública y de especialistas que advierten sobre un presunto esquema de trata de personas.
El gobierno peruano, a través del canciller Pareja Ríos, deberá presentar en las próximas horas el informe exigido por Balcázar, que se espera arroje precisiones sobre el número de ciudadanos afectados, su situación actual y los pasos diplomáticos que tomará el Estado para protegerlos.