La defensa legal de Andrés Hurtado, conocido públicamente como “Chibolín”, cuestionó el pedido de prisión formulado por el Ministerio Público y aseguró que la permanencia del expresentador de televisión en la cárcel constituye una “reclusión indebida”.

El abogado Elio Riera sostuvo que la acusación fiscal presentada contra su patrocinado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado evidencia una contradicción dentro del propio proceso judicial. Según explicó, la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, una pena que —afirmó— no supera el mínimo legal requerido para justificar una medida de prisión preventiva.

“Esta acusación permite acreditar que la Fiscalía, de forma indebida, pidió prisión preventiva”, declaró Riera a Infobae Perú. El letrado indicó además que la defensa observará formalmente el requerimiento acusatorio por presuntas inconsistencias en la investigación.

El Ministerio Público acusa a Andrés Hurtado de haber intervenido presuntamente en favor del futbolista Roberto Siucho durante un trámite realizado ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019, relacionado con la renuncia a su nacionalidad peruana para jugar en China.

La fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero presentó el requerimiento acusatorio contra Hurtado, solicitando además 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 242 días multa.

En el mismo caso, la Fiscalía también pidió cinco años y cuatro meses de prisión contra la exsuperintendenta nacional de Migraciones, Roxana del Águila, investigada por presunto tráfico de influencias agravado.

La defensa de Andrés Hurtado anunció que impugnará la acusación fiscal dentro del plazo legal de 10 días. Riera insistió en que la situación judicial de su patrocinado demuestra una “contradicción flagrante” por parte de la Fiscalía y reiteró que el conductor fue enviado a prisión de manera irregular.

El caso de Andrés Hurtado forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas redes de tráfico de influencias y corrupción que involucran a funcionarios públicos y personajes vinculados al entorno político y judicial peruano.