Los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez muestran dos modelos claramente distintos para enfrentar los principales problemas del país, con propuestas que chocan en temas como seguridad ciudadana, salud pública, AFP, educación y economía.

En materia de seguridad, Keiko Fujimori plantea reforzar la lucha contra el crimen con mayor capacidad operativa de la Policía Nacional y acciones más duras frente a la delincuencia, mientras que Roberto Sánchez propone una reforma estructural de la PNP, la creación de un Sistema Nacional Integrado de Información Criminal y una estrategia de persecución financiera contra mafias y extorsionadores. Además, plantea la derogación de seis leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que, según el partido, favorecen la impunidad del crimen organizado y limitan la persecución penal. La meta es reducir los homicidios en un 70% y alcanzar el 70% de confianza ciudadana en la PNP.

En economía, las diferencias son más profundas. Keiko Fujimori defiende el modelo de libre mercado, la promoción de inversión privada y la formalización empresarial, mientras que Roberto Sánchez plantea una mayor intervención del Estado, revisar contratos en sectores estratégicos y elevar la presión tributaria hasta 25% del PBI, además de renegociar acuerdos vinculados a recursos naturales.

Sobre pensiones y AFP, Keiko Fujimori propone una reforma integral del sistema previsional, mientras que Roberto Sánchez plantea incrementos en pensiones y cambios en el esquema actual con mayor participación estatal en la protección previsional.

En el caso del salario mínimo, el plan de Juntos por el Perú plantea incrementos en remuneraciones y cambios en los mecanismos de ajuste salarial, dentro de una propuesta más amplia de mejora de ingresos laborales.

En salud y educación, ambos candidatos ofrecen ampliar cobertura y mejorar servicios, aunque con enfoques distintos: Keiko Fujimori apuesta por fortalecer gestión e inversión dentro del sistema actual, mientras que Roberto Sánchez propone un mayor protagonismo del Estado en el financiamiento y acceso universal a servicios públicos.

La contienda electoral enfrenta así dos visiones opuestas: una enfocada en mantener el modelo económico con ajustes y otra que propone reformas estructurales con mayor intervención estatal, en una campaña donde seguridad, empleo y costo de vida aparecen entre las principales preocupaciones ciudadanas.