La Contraloría General de la República halló presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por una serie de irregularidades detectadas durante la organización de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 12 de abril. Entre los involucrados figura el exjefe de la entidad, Piero Corvetto, según el informe de control oficial.
De acuerdo con el reporte, las fallas en la contratación del servicio de transporte para el despliegue y repliegue de material electoral provocaron retrasos en la distribución hacia 3.605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no pudieron instalarse en Lima Metropolitana, afectando directamente el derecho al voto de 55.261 electores.
La Contraloría advirtió además un presunto favorecimiento indebido en la adjudicación de un contrato valorizado en S/ 6′368.332,75, luego de que evaluadores aplicaran criterios no contemplados en los términos de referencia, lo que permitió otorgar la buena pro a una propuesta que era S/ 168.148,19 más cara que otra oferta calificada.
El informe también detectó que funcionarios de distintas áreas aprobaron prestaciones adicionales por S/ 650.205,94 sin sustento técnico ni legal. Entre los hallazgos figura incluso un incremento de hasta 900% en el costo del traslado de equipos informáticos, pasando de S/ 0,60 a S/ 6 por kilogramo en uno de los servicios observados.
Según la investigación, la reprogramación de rutas de distribución se realizó apenas horas antes de la jornada electoral, afectando 553 locales de votación y consignando tiempos de traslado irreales de 3 a 4 horas, cuando el recorrido requería al menos 8 horas, lo que terminó impactando el desarrollo normal de los comicios en Lima y Callao.
Tras estos hallazgos, la Contraloría recomendó iniciar acciones administrativas dentro de la ONPE y remitir el caso a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes contra los funcionarios involucrados.