La Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta sobre el proceso de contratación de la auditoría forense para la Petroperú, al advertir que la licitación internacional para revisar internamente la gestión de la Nueva Refinería Talara lleva 18 meses sin resolverse.

El informe oficial, emitido el 22 de mayo de 2026, sostiene que esta demora pone en riesgo la eficiencia del control y los intereses institucionales de una de las obras públicas más costosas ejecutadas en Perú, cuyo presupuesto superó los USD 6.500 millones.

¿Qué es una auditoría forense y por qué es importante?

Una auditoría forense es una revisión especializada que busca detectar posibles irregularidades financieras, sobrecostos, pagos indebidos, conflictos de interés o presuntas responsabilidades administrativas y penales dentro de una organización o proyecto.

En el caso de Talara, el objetivo era analizar decisiones vinculadas a la ejecución y administración de la moderna refinería, obra que durante años estuvo marcada por cuestionamientos sobre incremento de costos, retrasos y problemas financieros en Petroperú.

La auditoría debía ser realizada por una firma internacional especializada debido a la complejidad técnica y económica del proyecto.

Petroperú anuló adjudicación pese a millonaria reducción de costos

Según el informe del Órgano de Control Institucional (OCI), la primera convocatoria internacional realizada en junio de 2025 quedó desierta porque las empresas participantes no cumplieron requisitos técnicos.

Posteriormente, en una segunda licitación lanzada en septiembre de 2025, la consultora seleccionada fue Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda., con una propuesta de USD 2,7 millones, monto 42% menor al presupuesto inicial previsto por Petroperú.

Sin embargo, la adjudicación fue anulada en abril de 2026 luego de que la empresa estatal detectara una presunta presentación de información inexacta relacionada con la experiencia de la consultora.

La resolución ordenó retroceder el proceso hasta la etapa de evaluación de propuestas, lo que terminó ampliando aún más el retraso de la auditoría.

Contraloría exige medidas inmediatas

La Contraloría cuestionó que, pese a los comunicados públicos de Petroperú asegurando la continuidad del proceso, hasta ahora no exista una contratación definitiva para ejecutar la auditoría forense.

Por ello, el organismo de control solicitó explicaciones formales al presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños, quien deberá informar en un plazo de cinco días hábiles sobre las medidas correctivas adoptadas.

El informe también advierte que el incumplimiento de las recomendaciones podría generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios involucrados.

ProInversión y la reestructuración de Petroperú

El caso ocurre en medio del proceso de reestructuración de Petroperú impulsado por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia 010-2025, donde ProInversión asumió un rol clave en la reorganización de la empresa estatal.

Diversos especialistas y trabajadores han cuestionado esta intervención al considerar que podría representar una “privatización encubierta” de la petrolera estatal, aunque Petroperú sostiene que ProInversión actúa como aliado estratégico para mejorar la sostenibilidad financiera de la compañía.

Cambios internos y tensión en Petroperú

El informe también menciona movimientos recientes dentro de la Gerencia Logística de Petroperú, interpretados internamente como respaldos a funcionarios que impulsaron la anulación del proceso de auditoría.

Con la nueva intervención de la Contraloría, la auditoría forense queda ahora bajo supervisión directa del órgano de control, lo que reduce la posibilidad de que el proceso vuelva a paralizarse o quede sujeto a decisiones individuales dentro de la empresa estatal.