La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó durante una actividad de campaña en Junín que, si llega al poder, su gobierno ejecutará la orden de captura contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
En declaraciones a la prensa, Fujimori sostuvo que “se van a tomar todas las medidas para capturar a todas las personas que tengan orden de captura” y marcó distancia de la presidenta Dina Boluarte al señalar: “Yo no conozco al señor Cerrón”.
La candidata presidencial insistió en que, en un eventual gobierno de Fuerza Popular, se cumplirá la disposición judicial vigente contra el exgobernador regional de Junín, quien permanece prófugo desde 2023 tras ser condenado por el caso Aeródromo Wanka.
Las declaraciones de Keiko Fujimori reavivaron cuestionamientos políticos debido a que, en 2024, congresistas de Fuerza Popular se abstuvieron de votar a favor de otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización del Congreso para profundizar el denominado “Caso Cofre”.
Ese caso investigaba el presunto uso de un vehículo oficial del Despacho Presidencial que habría servido para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón durante un operativo policial fallido en Asia.
En total, nueve legisladores fujimoristas presentes en la sesión optaron por la abstención, convirtiéndose en la bancada con mayor número de votos bajo esa postura.
El denominado “Caso Cofre” surgió luego de revelarse que un vehículo asignado al despacho presidencial estuvo cerca del condominio Mikonos, en Asia, durante un operativo destinado a capturar a Vladimir Cerrón.
Las sospechas apuntaban a que el automóvil oficial habría sido utilizado para ayudar al líder de Perú Libre a salir de Lima y evitar su captura.
La controversia aumentó luego de que el abogado del chofer asignado al vehículo presidencial señalara que la mandataria no habría contado con seguridad visible durante esa visita. Sin embargo, desde el condominio negaron tener registros oficiales sobre el ingreso de Dina Boluarte.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, solicitó facultades especiales para interrogar a la presidenta sobre el caso.
Aunque Boluarte fue citada para brindar su versión, la mandataria rechazó asistir alegando que no estaba obligada legalmente a comparecer ante ese grupo parlamentario.
El caso continúa generando tensión política debido a las dudas sobre una posible red de protección a Vladimir Cerrón y el eventual uso de recursos del Estado para evitar su captura.