La reciente decisión de poner fin a las funciones de varios embajadores políticos del Perú generó cuestionamientos en medio de la recta final de las Elecciones Generales 2026. Ante ello, la Cancillería salió al frente para aclarar que la medida responde a un procedimiento administrativo habitual y no tiene ninguna relación con el proceso electoral en el exterior.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que las resoluciones supremas publicadas marcan el inicio de los trámites administrativos y protocolares para la culminación de funciones de los embajadores políticos, un proceso que concluirá durante julio de este año.

La entidad precisó que estos cargos son de confianza y, de acuerdo con la Ley del Servicio Diplomático de la República, deben cesar al término del gobierno que los designó. Entre los diplomáticos comprendidos en esta medida figuran representantes peruanos en Estados Unidos, España, Francia, India y Costa Rica.

El canciller Carlos Pareja remarcó que la decisión no responde a motivaciones políticas y recordó que este procedimiento se aplica de manera regular cuando concluye una gestión gubernamental. Además, indicó que los funcionarios requieren varias semanas para realizar informes de transferencia, despedidas oficiales y coordinar su retorno al país.

Uno de los puntos que más preocupación generó fue la cercanía de la medida con la segunda vuelta electoral. Sin embargo, la Cancillería descartó de forma categórica cualquier afectación al sufragio de los peruanos residentes en el extranjero. Según explicó, la organización de las elecciones fuera del país está a cargo de las oficinas consulares, las cuales ya cuentan con el material electoral necesario para la jornada de votación.

Asimismo, el Gobierno confirmó que no nombrará nuevos embajadores políticos para reemplazar a quienes dejan sus cargos. Esa decisión será asumida por la administración que tome posesión el próximo 28 de julio.

De esta manera, Torre Tagle busca despejar las dudas surgidas en los últimos días y garantizar que tanto la transición gubernamental como el proceso electoral en el exterior se desarrollen con normalidad y dentro del marco legal vigente.