Una nueva alerta sobre la seguridad informática del Estado peruano ha encendido las alarmas. Un grupo de ciberdelincuentes aseguró haber vulnerado sistemas vinculados a la Policía Nacional del Perú (PNP) y puso a la venta una base de datos que contendría alrededor de 300 mil carpetas con información de agentes policiales.

De acuerdo con los reportes difundidos, el material filtrado incluiría datos personales, información operativa y registros relacionados con efectivos de la institución. Los atacantes ofrecen el paquete de archivos en espacios de la dark web por aproximadamente 700 dólares y afirman que la información ocupa cerca de 7,8 gigabytes.

Entre los datos comprometidos figurarían números de identificación, referencias familiares y documentos vinculados a labores policiales. Como prueba de la autenticidad de la filtración, los responsables habrían publicado algunos registros de manera parcial en canales utilizados por comunidades de ciberdelincuencia.

Expertos en ciberseguridad señalaron que una de las principales interrogantes es determinar si la información fue obtenida mediante una vulneración externa de los sistemas o si se trata de una filtración originada desde el interior de la organización. La magnitud del incidente podría convertirlo en uno de los casos más delicados registrados en el sector público durante los últimos años.

El presunto ataque ocurre en un contexto en el que diversas entidades estatales han sido blanco de incidentes informáticos. En 2025 ya se habían reportado filtraciones que comprometieron información de inteligencia policial y documentos sensibles, hechos que reabrieron el debate sobre el fortalecimiento de la ciberseguridad en las instituciones públicas.

Tras la difusión de la noticia, la Policía Nacional del Perú emitió un pronunciamiento señalando que la información que circula en algunos medios y redes sociales se encuentra en proceso de evaluación y verificación por parte de las áreas técnicas correspondientes.

Mientras continúan las investigaciones, especialistas advierten que este tipo de incidentes no solo comprometen datos personales, sino que también pueden representar riesgos para la seguridad institucional y el desarrollo de operaciones policiales. Las autoridades deberán determinar el alcance real de la filtración y establecer las responsabilidades correspondientes.