El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, una decisión que convertirá al país en uno de los más restrictivos del mundo en materia de regulación digital infantil. La medida entrará en vigor en 2027, una vez que complete el proceso legislativo correspondiente.
La restricción alcanzará a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch, Threads y Kick, mientras que servicios de mensajería como WhatsApp y Signal quedarían excluidos debido a su función comunicativa y educativa.
Starmer defendió la iniciativa señalando que las redes sociales están afectando el bienestar de niños y adolescentes, facilitando situaciones de acoso, abuso y exposición a contenidos perjudiciales. El mandatario aseguró que la prioridad es garantizar que los menores crezcan en entornos más seguros tanto dentro como fuera de internet.
La decisión se sustenta además en una amplia consulta pública que recibió más de 100 mil respuestas. Según los datos difundidos por el Gobierno británico, alrededor del 90% de los padres respaldó la prohibición para los menores de 16 años.
Las autoridades británicas exigirán a las plataformas implementar sistemas efectivos de verificación de edad para impedir que menores accedan a las redes sociales. También se estudian medidas adicionales como límites horarios de uso, restricciones a transmisiones en vivo y controles para evitar que desconocidos contacten con adolescentes.
El Gobierno ha dejado claro que las sanciones estarán dirigidas principalmente a las empresas tecnológicas que incumplan la normativa y no a los menores o a sus familias.
La iniciativa sigue la línea adoptada por Australia, que implementó restricciones similares en 2025 y se convirtió en referencia para otros gobiernos preocupados por el impacto de las plataformas digitales en los jóvenes.
El anuncio ha generado respaldo entre organizaciones de protección infantil, aunque también ha despertado cuestionamientos de algunas empresas tecnológicas, que advierten sobre las dificultades para aplicar controles efectivos y el riesgo de que los menores migren hacia plataformas menos reguladas.
Con esta decisión, el Reino Unido abre un nuevo capítulo en el debate global sobre la seguridad digital de los menores y el papel que deben asumir las grandes compañías tecnológicas en la protección de la infancia.