El acceso al agua potable segura continúa siendo uno de los principales desafíos del Perú. De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Gobierno en el marco de la nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, más de 21,3 millones de peruanos consumen agua sin tratamiento seguro o carecen de acceso a servicios adecuados de saneamiento.
El documento, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), señala que en 2024 apenas el 37,6 % de la población contaba con acceso a agua potable gestionada de manera segura, mientras que solo el 33,6 % disponía de servicios de saneamiento seguros. Esto significa que el 62,4 % de los peruanos todavía enfrenta condiciones deficientes en estos servicios básicos.
La situación resulta especialmente preocupante en las áreas rurales. Según el informe, apenas el 4 % de la población rural accede a agua potable segura y solo el 10,3 % cuenta con saneamiento adecuado.
Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que en varias regiones de la sierra y la selva menos del 22 % de la población dispone de agua potable segura. En contraste, Lima alcanza una cobertura de 70,5 %, aunque persisten importantes desigualdades dentro de la capital.
El diagnóstico también evidencia problemas de acceso económico. Según información citada por el Gobierno, los hogares limeños que no cuentan con conexión a la red pública pueden llegar a pagar hasta siete veces más por el agua que aquellos que sí están conectados al sistema formal.
Además, cerca del 49,6 % de las viviendas ubicadas en zonas de crecimiento urbano reciente carecen de acceso a la red pública de agua. En Lima Metropolitana, el problema afecta especialmente a los asentamientos ubicados en laderas y zonas de difícil acceso.
Frente a este escenario, la nueva política nacional establece seis objetivos prioritarios, entre ellos mejorar la confiabilidad de las fuentes de agua, reducir las desigualdades en el acceso, fortalecer la gestión de los operadores y promover una cultura de valoración del recurso hídrico.
La estrategia contempla 15 lineamientos y 33 servicios públicos de cumplimiento obligatorio para los distintos niveles de gobierno. También prevé inversiones en infraestructura, protección de cuencas, subsidios focalizados y programas de educación sanitaria.
El Ejecutivo busca que para el año 2050 al menos el 70 % de la población peruana tenga acceso a agua potable y saneamiento gestionados de manera segura. Además, plantea que el 76,8 % de las aguas residuales domésticas y municipales reciban tratamiento adecuado.
Con esta nueva hoja de ruta, el Gobierno pretende reducir una de las brechas sociales más persistentes del país y garantizar que millones de familias puedan acceder a un servicio esencial para la salud, el desarrollo y la calidad de vida.