La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo una nueva victoria judicial luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificara la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que ordena el archivo definitivo de las acusaciones por lavado de activos y organización criminal en el denominado Caso Cócteles.

La decisión judicial desestimó las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que buscaban que el expediente regresara a la etapa de investigación preliminar para una nueva evaluación fiscal. Sin embargo, los magistrados concluyeron que el cumplimiento del fallo constitucional correspondía al Poder Judicial y no a la Fiscalía.

Sala respalda fallo del Tribunal Constitucional

Según la resolución, la sentencia del TC no podía quedar como una declaración simbólica, sino que debía ejecutarse de manera efectiva para restituir los derechos fundamentales que, según el máximo intérprete de la Constitución, fueron vulnerados durante el proceso.

En ese sentido, la Sala determinó que el juez de investigación preparatoria era el órgano competente para materializar los efectos de la decisión constitucional, rechazando la posición de la Fiscalía de reiniciar actuaciones desde una etapa anterior.

Archivo definitivo de las acusaciones

Los magistrados también concluyeron que la consecuencia procesal adecuada era el sobreseimiento definitivo de las imputaciones por lavado de activos y organización criminal. A criterio de la Sala, el fallo del Tribunal Constitucional descartó la viabilidad jurídica de continuar la persecución penal bajo esos cargos.

El Tribunal Constitucional había declarado fundada una demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori y dejó sin efecto las resoluciones relacionadas con esos delitos, además de anular los actos procesales vinculados a dichas imputaciones.

Fiscalía mantiene autonomía, pero con límites constitucionales

La resolución judicial reconoce que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y dirige las investigaciones. Sin embargo, precisa que sus facultades deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y están sujetas al control constitucional cuando se detectan vulneraciones a derechos fundamentales.

Con este pronunciamiento, el Poder Judicial ratifica el cierre definitivo de uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años en el país, relacionado con presuntos aportes irregulares a las campañas electorales de Fuerza Popular.